AUSTIN, TX.- La oposición a la polémica ley de Texas que pretende prohibir las “ciudades santuario” en ese estado prepara los últimos detalles antes de la próxima fase del juicio en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto, que tendrá lugar la semana que viene en Nueva Orleans (Luisiana).

En la audiencia de presentación de argumentos orales del próximo martes, el panel de tres jueces deberá revisar el bloqueo temporal que dictaminó a finales de agosto un juez federal de San Antonio (Texas), dos días antes de su teórica entrada en vigor, y las partes de la ley SB4 que ya entraron en efecto.

“Seguimos defendiendo que se trata de una legislación anticonstitucional y racista, que excede los límites de las autoridades locales y que no tiene nada que ver con la seguridad pública”, destacó en una conferencia telefónica la vicepresidenta de litigios del Fondo México-Estadounidense para la Educación y Defensa Legal (MALDEF), Nina Perales.

El MALDEF defiende en los tribunales a la ciudad de San Antonio, el condado de Bexar, la ciudad fronteriza de El Paso, la Asociación de Chicanos en la Educación Superior de Texas (TACHE, en su siglas en inglés), la Union del Pueblo Entero (LUPE) y Workers Defense Project.

Además de estas organizaciones, ciudades y condados, otros lugares, como Austin, Dallas, Houston o el pueblo de El Cenizo también forman parte de la querella contra esta legislación.

La ley, que tiene como objetivo prohibir las “ciudades santuario” y permitir a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico, fue bloqueada por el juez Orlando García el pasado 30 de agosto mientras estudia su constitucionalidad.

Sin embargo, el estado de Texas apeló esta decisión al Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto, que dictaminó a finales de septiembre que algunas porciones de esta legislación estatal entrasen en vigor a la espera de la decisión del juez García.

La SB4 pretendía que las cárceles locales cumpliesen con todas las peticiones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero tanto García como el tribunal de apelaciones lo bloquearon.

“Debido a que estas detenciones son una cuestión de cumplimiento voluntario bajo la ley federal, lo siguen siendo bajo las porciones de SB4 que entraron en efecto”, apuntó la letrada.

El panel de tres jueces también decidió que los gobiernos locales de ciudades y condados “santuario” no tienen competencias para obligar a sus policías y aguaciles a negar asistencia a los agentes federales de inmigración hasta que García emita su veredicto definitivo.

Perales explicó que si un policía local pregunta sobre el estado de inmigración, el individuo interrogado “tiene derecho a no responder” e indicó que la autoridad no puede detener a las personas “únicamente bajo la sospecha” de que no tienen documentos.

Para MALDEF, una de las victorias de la decisión del mes pasado fue que los jueces reconocieron en su fallo que la ley no puede castigar a aquellos funcionarios y empleados locales que critiquen la aplicación de la ley de inmigración, una de las medidas más controvertidas de la SB4.

Después de que la corte de apelaciones levantara parte del bloqueo, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, abrió el proceso para que residentes denuncien a las autoridades o localidades que se nieguen a cumplir con las porciones que están en vigor.

“Si bien el juez García tomó una decisión cuidadosa y razonada para evitar que gran parte de la SB4 entrase en efecto el 1 de septiembre, creemos que ciertas disposiciones que permanecen vigentes presentan un peligro palpable de causar daños irreparables a las familias en Texas”, consideró en la misma llamada el presidente de MALDEF, Thomas Saenz.

Texas es el segundo estado con mayor población hispana y se calcula que es hogar de 1,6 millones de inmigrantes indocumentados.