WASHINGTON.- Bajo órdenes de las autoridades federales, Rosa María Hernández, logró reunirse este viernes con sus ansiosos padres tras salir de un albergue en San Antonio (Texas), donde estaba detenida desde la semana pasada, en medio de una tormenta política que mancilló aún más la imagen de la Administración Trump.
Uno de los abogados de la menor, Alex Gálvez, confirmó hoy a este diario que Hernández, una niña de 10 años con parálisis cerebral, ya salió del albergue de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) en el que se encontraba tras su operación de la vesícula el pasado 24 de octubre.
“Ya salió, ya salió! Está con su padre ahora mismo, y la van a llevar con su madre a un sitio no divulgado en Laredo”, dijo enfático Gálvez, a punto de abordar un vuelo para acompañar a la familia.
La puesta en libertad es una victoria de grupo cívicos y defensores de los inmigrantes que durante muchos años han denunciado los excesos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en concreto de las autoridades de Inmigración, contra los inmigrantes indocumentados.
También es producto de la labor de sus abogados y de la intercesión del congresista demócrata de Texas, Joaquín Castro, activistas de la comunidad inmigrante y la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que entabló una demanda contra el gobierno.
Al celebrar la noticia, tanto Castro como la ACLU subrayaron la urgencia de impedir más atropellos como el ocurrido en este caso.
“Rosa María finalmente está libre. Nos emociona que pueda regresar a casa para recuperarse, rodeada del amor y apoyo de su familia”, dijo, por su parte, en un comunicado, Michael Tan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
Los activistas señalaron que la menor nunca representó un “peligro” para la seguridad nacional, y los agentes podían haber ejercido discreción procesal en el caso.
“Pese a nuestro alivio, la decisión de la Patrulla Fronteriza de ensañarse con una niña en un hospital para niños sigue siendo abominable. Ningún niño debe atravesar semejante trauma, y estamos trabajando para asegurar que no vuelva a ocurrir”, agregó Tan.
El Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), a cargo de los albergues de ORR para niños no acompañados indocumentados había cedido a presiones políticas y había ordenado agilizar el manejo del caso.
En declaraciones a este diario, un portavoz del HHS, que pidió el anonimato, reiteró hoy la postura de la agencia federal de no identificar ni comentar casos específicos, para proteger la seguridad y vida privada de los menores.
Sin embargo, insistió en que la prioridad del HHS “siempre está en la seguridad y los mejores intereses de cada niño. Estos son niños vulnerables en circunstancias difíciles, y HHS aborda su responsabilidad con cada niño con el mayor de los cuidados”.
Gálvez había dicho a principios de semana que se esperaba su puesta en libertad en un plazo de 21 días –el proceso de revisión normalmente toma entre dos y tres meses-, con lo que estaba previsto que saliera ante del “Día de Acción de Gracias”, que se celebrará el próximo 23 de noviembre.
Hernández fue a dar al albergue en San Antonio porque agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) la trasladaron allí inmediatamente después de su operación de la vesícula en un hospital de Corpus Christi.
El padre, César Hernández, había conseguido un permiso humanitario que le facilitaba trasladarse desde Laredo al Hospital Driscoll para Niños en Corpus Christi, sin temor a ser detenido en un retén por agentes de la CBP.
La menor iba acompañada en la ambulancia de su prima, una ciudadana estadounidense, cuando ambas fueron detenidas por agentes de la CBP, que las escoltaron hasta el hospital. Los agentes esperaron a que la niña saliera del quirófano y la sala de recuperación, y posteriormente la llevaron al albergue de ORR en San Antonio.
Su caso fue clasificado como el de un niño no acompañado indocumentado porque, según los reglamentos del HHS, los padres no estaban con ella y la prima no tenía su custodia legal. Bajo presiones políticas, el HHS agilizó la revisión de la petición de sus padres para que les devolvieran a su hija.
La ACLU entabló una demanda contra la Administración Trump, y grupos pro-inmigrantes lanzaron una campaña en línea para exigir la puesta en libertad de Hernández, una niña con parálisis cerebral que vive en Laredo con sus padres desde 2010, cuando llegó desde México a los tres meses de edad.
El juez federal, Fred Biery, ayer rechazó una moción de ACLU para que la menor regresara a Laredo con su familia mientras la demanda continuaba su curso en un tribunal federal en San Diego.
En meses anteriores, el DHS había reiterado su compromiso de no realizar acciones policiales en “sitios sensibles”, como albergues, hospitales, clínicas, y tribunales, a menos que existiesen circunstancias extraordinarias.
La detención de Hernández, que causó la repulsa del gobierno mexicano, no solo contravino las declaraciones del DHS sino que fue un atropello de los derechos de los inmigrantes, según activistas.