WASHINGTON, DC.- Un grupo de senadoras y congresistas demócratas se sumó hoy a padres y activistas inmigrantes a los pies del Capitolio para exigir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deje de poner en práctica las medidas de detención que separan a las familias inmigrantes.
Bajo el lema “Las mujeres se levantan por las familias inmigrantes”, las legisladoras, junto a miembros de organizaciones proinmigrantes, denunciaron los cada vez más precarios tratos que reciben las familias inmigrantes cuando llegan a la frontera sur.
La senadora por California Kamala Harris indicó que hay informaciones cada vez más preocupantes sobre las nuevas políticas adoptadas por el DHS, que apuntan a un deterioro en el trato a los menores y las madres en los centros de detención.
Harris advirtió que estás políticas “tienen consecuencias” y que estos niños se arriesgan a sufrir “un trauma de por vida”, causando “daños irreparables”.
“Se trata de decidir si queremos ser un gobierno compasivo o un gobierno cruel”, insistió la senadora.
Por su parte, la congresista por el estado de Washington Pramila Jayapal, aseguró que las medidas tomadas por el fiscal general, Jeff Sessions, “no solo le hacen un daño enorme a los niños, sino también a EEUU como país”.
“Hoy, mientras hablamos de la separación de familias y el rol de las mujeres inmigrantes, hay que destacar que el sistema migratorio también es sexista y afecta especialmente a las mujeres, que al final son las más resilientes tratando de mantener a las familias y las comunidades juntas”, apuntó.
De hecho, la congresista insistió en que la inmigración es fundamentalmente “un problema de mujeres” si se tiene en cuenta que “tres cuartas partes de los inmigrantes en Estados Unidos son mujeres y niños”.
“Las mujeres inmigrantes siempre han estado a la vanguardia del coraje, la resistencia y la injusticia”, reiteró.
La presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Michelle Lujan Grisham, calificó de “atrocidad” que Estados Unidos decida separar a los niños que llegan a la frontera de sus familias, y consideró que se trata no solo de una política “cruel” sino también de la “más ineficaz”.
“Ninguna madre debería pasar por el dolor de ser separada de sus hijos y ningún niño debería pasar por el temor de ser separados de sus padres”, subrayó.
La congresista insistió además en que todas las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, como el fin del Programa de Acción Diferida (DACA) que protegía a los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, o el Estatus de Protección Temporal (TPS), que Trump ha cancelado para numerosos países, son decisiones “diseñadas para castigar” a los inmigrantes.
Además de las congresistas, también participaron activistas y víctimas de las duras políticas de separación familiar impulsadas por Trump, como Izabel Solís, cuya hermana fue detenida en estado de gestación, y separada de sus hijas.
Según relató Solís, su hermana sufrió complicaciones con su embarazo y tras tener fuertes dolores y perder la consciencia en dos ocasiones, ni siquiera fue llevada a un hospital para recibir cuidados médicos básicos.
“No tenía récords criminales y le fue denegada la atención médica básica, además de ser separada de sus hijas”, relató.
“Su detención ha provocado que mis tres sobrinas sufrieran una fuerte depresión y ansiedad, porque pensaban que su madre las había abandonado”, agregó.
A principios de mes, Sessions anunció que el Departamento de Justicia presentará cargos penales contra todos los extranjeros atrapados cruzando la frontera ilegalmente, un esfuerzo que pretende frenar la inmigración ilegal.
Esto enviaría a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).
Las regulaciones, elaboradas por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, proporcionarían nuevas reglas sobre cómo deberían tratarse los niños detenidos, reemplazando efectivamente un decreto de consentimiento de 1997 que, junto con dos leyes federales más recientes, guía esas decisiones.
Pero los defensores dicen que las regulaciones incluyen cambios que podrían erosionar varias protecciones importantes de bienestar infantil.