WASHINGTON, DC.- Los partidarios de un cambio en la política migratoria del presidente, Donald Trump, celebraron hoy la decisión de un tribunal de California que el martes ordenó a la Administración reunificar a las familias separadas en la frontera, lo que supuso un duró revés al Ejecutivo.

“Me alegro mucho de que los jueces hayan determinado que aquí hay leyes, que hay que seguirlas y que están violando las leyes”, declaró a Efe el congresista demócrata Luis Gutiérrez, quien participó este miércoles en una protesta celebrada en Washington para exigir a Trump el fin de su política de “tolerancia cero”.

Con estas palabras, el legislador celebraba la decisión adoptada por un tribunal de San Diego (California) que ordenó ayer al Gobierno que reunifique a los miles de menores separados de sus padres en la frontera con México, en un plazo de máximo de 30 días.

En caso de tratarse de menores de cinco años, la resolución judicial establece que este plazo se reduzca a dos semanas.

“Nuestra esperanza es que el equipo del presidente no apele esta sentencia, sino que la utilice para agilizar y enfatizar una estrategia para reunir a los niños con sus padres”, expresó el senador Jeff Merkley, quien hoy presidió un audiencia en el Senado, en la que legisladores demócratas y especialistas abordaron este asunto.

La decisión supone un duro golpe para la Casa Blanca, que había instaurado el pasado mes de abril la llamada política de “tolerancia cero”, que estipulaba que cualquier menor que entrará de manera irregular en el país debería ser separado de sus padres mientras estos se encontraban presos a la espera de juicio.

El fallo de la corte californiana tiene su origen en una demanda que interpuso la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) a favor de una niña congoleña de 7 años apartada de su madre, pese a haber cumplido con el requisito de haber solicitado asilo en un puerto de entrada.

El fiscal del Estado, Jeff Sessions, ha reconocido que el principal objetivo de esta medida es lanzar “un mensaje al mundo” para disuadir a los emigrantes de venir al país.

Merkley denunció hoy que es una “política moralmente insolvente” y consideró que “dañar a niños con el fin de sacar adelante un proyecto de ley o para lanzar un mensaje no es aceptable bajo ninguna circunstancia”.

La doctora Nadine Burke Harris, fundadora y directora del Centro de Bienestar Juvenil, quien participó en la audiencia del Senado, aseguró que “no hace falta ser médico para darse cuenta de que un niño separado de sus padres se enfrenta a daños sicológicos y emocionales” y advirtió de que también puede verse afectada su salud física.

“La ciencia nos dice que cada día que un niño se ve separado de sus padres, se pone en riesgo su salud y creo que esta decisión judicial reconoce esto. Nosotros, los estadounidenses estamos poniendo en riesgo sus vidas y tendremos que vivir con ello”, concluyó Burke Harris.

Desde que el Gobierno inició en abril esta polémica estrategia para combatir la inmigración irregular, que finalmente fue suspendida por el propio Trump la semana pasada debido a las enormes críticas recibidas, el Ejecutivo ha separado de sus padres a 2.575 menores de edad, de los que por el momento solo 522 han sido reunificados.

“Nuestras familias merecen mucho más, nuestra comunidad merece mucho más, este país merece mucho más”, sostuvo Gustavo Torres, presidente del grupo CASA en Acción, una de las organizaciones que convocó la protesta que hoy tuvo lugar en el centro de Washington.

Durante su intervención, ante decenas de personas, principalmente de origen latino, que acudieron a la concentración, Torres clamó: “Esta política es totalmente inhumana y tiene que parar ahorita mismo”.