SAN DIEGO, CA.- El juez federal Dana Sabraw resaltó que son más los padres que han rechazado la reunificación con sus hijos, bajo custodia del Gobierno de EEUU, en sus países de origen que los que han pedido el trasladado del menor.

Durante una audiencia en una corte de San Diego (California), los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que entabló una demanda contra el Gobierno federal por la separación de familias indocumentadas en la frontera sur, señalaron que ello se debe a la extendida violencia en sus países de origen.

El magistrado realizó dicha afirmación tras el reporte semanal hecho por el Gobierno y ACLU, e ingresado a la corte el jueves 6, en el que se consigna que de 162 padres deportados que han sido contactados, sólo 53 han pedido que su hijo regrese al país en el que se encuentran.

Lee Gelernt, abogado de ACLU, señaló al juez que “por más desgarradora que esta decisión sea” muchos padres prefieren que sus hijos se queden en Estados Unidos a que regresen a las condiciones de peligro y violencia de sus países, en su mayoría de Centroamérica.

Los padres se han cerciorado de que sus hijos tendrán un sitio donde quedarse, principalmente con algún familiar, y no enviados a orfanatos, refirió Gelernt, quien acaba de regresar de Guatemala, donde ha sido testigo de las labores de localización de los padres que pueden beneficiarse del mandato judicial que ordena la reagrupación de las familias separadas.

Sabraw también hizo énfasis en que todavía hay un grupo de inmigrantes deportados que no han sido contactados por la red de asociaciones civiles y la propia ACLU para notificarles el derecho a reunirse con sus hijos.

En este tema hay discrepancia en los números entre la administración federal y ACLU. Mientras el Gobierno afirma tener información de contacto de prácticamente todos los beneficiados con la orden judicial, el comité de asociaciones civiles informó que todavía no ha podido localizar a 84 padres, ya sea porque no tienen el número telefónico o porque aún no les han contestado.

Ante esta situación, Sabraw pidió a los abogados de ACLU que le hagan saber la próxima semana si creen que el Gobierno federal está haciendo “todo lo posible” por ubicar a todos los padres o si consideran que podrían apoyar con otro tipo de recursos.

Scott Stewart, abogado con el Departamento de Justicia (DOJ), informó al juez que oficiales consulares están apoyando en esta labor.

Sabraw dijo tener la preocupación de que en un futuro no muy lejano todavía haya padres sin localizar a causa de una problemática que, reiteró, fue provocada por el propio Gobierno.