LOS ÁNGELES, CA.- Un juez federal denegó el 5 de julio la petición del Gobierno del presidente, Donald Trump, de poner fin a la conocida “ley santuario” en California, que limita la cooperación policial en delitos relacionados con la inmigración.

El juez de distrito John A. Mendez publicó la resolución casi dos semanas después de que abogados en representación del Ejecutivo y del estado se vieran las caras durante una audiencia.

La Administración de Trump solicitó al magistrado que aprobara una orden para frenar la oficialmente denominada ley de California SB 54, aprobada en 2017.

“El argumento de los demandantes de que la ley SB 54 consigue que la aplicación de la ley de inmigración sea mucho más difícil lleva a una pregunta: ¿Más difícil que qué?”, escribió Mendez en el fallo judicial.

“Las leyes hacen que la aplicación de la medida sea más difícil de lo que sería si la policía estatal y local proporcionaran ayuda a las autoridades de inmigración. Pero negarse a ayudar no es lo mismo que obstaculizar”.

Mendez negó además otra petición para permitir al fiscal del estado, Xavier Becerra, inspeccionar los centros de detención de inmigrantes en California.

El fiscal general del país, Jeff Sessions, viajó a California y anunció en marzo una demanda federal contra las políticas de inmigración del estado.

En concreto, la demanda del Gobierno se dirigía contra tres leyes “santuario” que el estado aprobó el año pasado para proteger a los inmigrantes y que, a juicio del Ejecutivo, violan la Constitución porque tratan de prevalecer sobre la legislación federal.

Una de las leyes en cuestión permitió a California convertirse el 1 de enero en un “estado santuario” para los inmigrantes, lo que significa que la policía local y estatal no puede proporcionar al Gobierno información sobre inmigrantes indocumentados o aquellos extranjeros que hayan cometido un crimen y que, de acuerdo con la ley federal, deberían ser deportados.

En concreto, esa ley permite a los inmigrantes que han cometido un crimen salir en libertad, una vez cumplida su condena, y no ser expulsados a su país de origen.

Méndez sí que bloqueó partes de esa norma, incluidas disposiciones que prohíben a empleadores privados cooperar voluntariamente con los funcionarios de inmigración y volver a verificar el estado laboral legal de los empleados.

La segunda ley contra la que se dirige la demanda prohíbe a las empresas de California cooperar con el Gobierno para deportar a inmigrantes, mientras que la tercera deja a la policía estatal inspeccionar los centros de detención.

La demanda supuso la mayor ofensiva hasta la fecha del Ejecutivo de Trump al estado de California, que por su tamaño y su claro dominio demócrata se ha erigido en uno de los principales contrapesos a las políticas del presidente, especialmente en materia migratoria.