Instan a cuestionar la inclusión en el Censo de pregunta sobre ciudadanía

El Departamento de Comercio, a cargo del censo, está recibiendo desde el mes pasado las opiniones del público sobre la pregunta que pretende establecer el estatus migratorio de las personas que contesten el formulario.

El Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, quiere incluir en el censo 2020 una pregunta que indaga sobre la ciudadanía de quienes llenen el formulario de población que se realiza cada diez años en el país. Quienes se oponen a esta opción señalan que se trata de una pregunta discriminatoria y perjudicial para los más vulnerables. Foto archivo EFE/Ernesto Arias
EFE

LOS ÁNGELES.- Grupos contrarios a la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, que consideran discriminatoria y perjudicial para los segmentos más vulnerables de la población, instaron al público a enviar observaciones en contra antes de que finalice el plazo para ello.

El Departamento de Comercio, a cargo del censo, está recibiendo desde el mes pasado las opiniones del público sobre la pregunta que pretende establecer el estatus migratorio de las personas que contesten el formulario.

LaGloria Wheatfall, vocera The Leadership Conference on Civil and Human Rights, aseguró a Efe que las comunidades de color, las familias de bajos ingresos, los inmigrantes y los niños pequeños son los que corren un mayor riesgo de no ser contados el 1 de abril de 2020, cuando está previsto realizar el próximo censo.

Si se incluye la pregunta, una idea del secretario de Comercio, Wilbur Ross, será la primera vez en 70 años que los censados deban especificar si son ciudadanos de los EE.UU., lo que a juicio de los contrarios a la medida está vinculado a las políticas anti-inmigrantes de la Administración de Donald Trump.

La primera vez que la Oficina del Censo de los Estados Unidos indagó sobre la ciudadanía fue en 1870. La pregunta fue usada consecutivamente desde 1890 a 1950.

Ross argumenta que el Departamento de Justicia, encabezado por el fiscal general Jeff Sessions, necesita tener respuesta a esa pregunta para “aplicar mejor las disposiciones de la Ley de Derechos Electorales contra la discriminación racial”.

Sin embargo, desde que lo anunció en marzo pasado, centenares de líderes comunitarios, religiosos y defensores de los derechos constitucionales han alzado su voz en contra de la pregunta y pedido el respaldo del público para evitar que sea incluida.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO), Arturo Vargas, dijo en un comunicado que, ahora más que nunca, “se necesita la ayuda del pueblo estadounidense para exigir al gobierno federal que cumpla con su deber constitucional de enumerar a todas las personas que viven en los Estados Unidos el 1 de abril de 2020.”

Gobiernos estatales también se unieron al llamado. El secretario de Estado de California, Alex Padilla, instó a los residentes a participar en los comentarios públicos. “Un recuento insuficiente del censo le costaría a California la parte que le corresponde de miles de millones de dólares en fondos federales, así como la debida representación en el Congreso”, subrayó.

California incluso ha establecido un sitio web para instruir a los residentes a la hora de presentar los comentarios.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en Los Ángeles, advirtió a Efe de que “casi una cuarta parte de los inmigrantes indocumentados de la nación residen en California.

“Además, es el estado con la mayor población de no ciudadanos”, subrayó.

En Nueva York alrededor de 100 organizaciones se unieron para hacer frente a la idea de la Administración Trump y el esfuerzo se replica en casi 20 estados, incluidos Colorado, Illinois y Washington.

El consenso general entre los activistas es que las duras políticas del Gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes hará que muchos opten por no participar en el censo.

The Southern Poverty Law Center calificó de mala idea la propuesta de incluir la pregunta de ciudadanía en el censo 2020 y opinó que hacerlo no tiene un propósito útil.

“Está impulsada por la agenda anti-inmigrante de la administración Trump”, aseguró a Efe Kirsten Bokenkamp, vocera del Centro.

“Esto provocará una mayor desconfianza en las comunidades de inmigrantes que ya viven con miedo debido a la retórica xenófoba del presidente Trump y las acciones agresivas de aplicación de la ley” agregó.

La batalla por la inclusión de la pregunta también llegó a los tribunales. Al menos dos demandas enfrenta el Gobierno Trump por este hecho.

En abril pasado 17 estados y 7 ciudades presentaron una demanda con el argumento de que incluir la pregunta de ciudadanía en el censo es inconstitucional.

En junio pasado una coalición liderada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) llevó al Gobierno frente a los tribunales aduciendo que la pregunta es “un acto intencionalmente discriminatorio”.

Wheatfall resaltó que gracias a las demandas se pudo acceder a documentos que revelaron que desde los primeros días de la administración Trump, el censo se convirtió en una herramienta para impulsar “la agenda anti-inmigrante de Trump, (Steve) Bannon y Sessions”.