Un insólito caso se presentó recientemente en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Una adolescente de 17 años, cuya identidad y país de origen no han sido revelado, cruzó ilegalmente la frontera estadounidense por Brownsville (Texas) sin sus padres y fue detenida. Lo que no sabían los agentes de la migra era que la joven estaba embarazada.
Los abogados de una menor indocumentada que quiere someterse a un aborto en Texas defendieron hoy el caso ante un juez federal de San Francisco (California), que decidirá en los próximos días si autoriza la interrupción del embarazo.
Debido a que la ley de Texas requiere el consentimiento de los padres o una autorización judicial antes de que un menor pueda obtener un aborto, “Jane Doe” -nombre genérico de la chica- fue a la corte con la ayuda de un abogado y un tutor designado y obtuvo la licencia judicial necesaria.
Sin embargo, según apuntó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en un comunicado facilitado a Efe, el gobierno federal intervino para bloquear su traslado a la clínica y pidió a la joven que visitara un centro de “atención y crisis”, organizaciones manejadas por instituciones religiosas que buscan convencer a las mujeres embarazadas para que tengan el bebé.
“La acción de la administración Trump es impactante: una mujer joven es mantenida como rehén y obligada por los funcionarios federales a continuar un embarazo contra su voluntad”, señaló en ese documento Brigitte Amiri, abogada del proyecto de libertad reproductiva de la ACLU.
Al conocer el caso, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, instó este martes a la corte federal de San Francisco a que dictamine que las inmigrantes indocumentadas en Estados Unidos no tienen derecho a los servicios de aborto.
Paxton presentó esta moción junto a los procuradores generales de otros seis estados -Luisiana, Misuri, Nebraska, Ohio, Oklahoma y Carolina del Sur- asegurando que tiene un interés “legítimo y sustancial” en preservar y promover la vida fetal.
“Ninguna corte federal ha declarado jamás que las extranjeras que se encuentran ilegalmente sin vínculos sustanciales con este país tienen derecho constitucional al aborto por petición”, señaló el fiscal texano en un comunicado.