TUCSON, AZ.- Un nuevo centro para servicios gratuitos a inmigrantes que podrían tener opciones de regular su estatus migratorio se inauguró en Tucson, Arizona, con la presencia del alcalde de la ciudad, Jonathan Rothschild.
“Tucson es una ciudad que da la bienvenida a los inmigrantes; estamos viviendo tiempos difíciles, por eso estamos comprometidos a ayudar nuestros residentes sin importar el color de su piel, su creencia religiosa o su estatus migratorio”, manifestó a Efe Rothschild.
“Una iglesia es un lugar ideal para brindar estos servicios. Hay gente que tiene miedo a ir a una oficina, al servicio de inmigración, y se sienten mas cómodos dentro de lugares como este”, dijo el alcalde, que fue uno de los invitados a la inauguración del centro, ubicado dentro de la Iglesia Metodista Unida Nueva Esperanza, en un barrio mayormente hispano.
La abogada Ella Rawls, representante de la organización civil Justicia para Nuestros Vecinos en Arizona, indicó que están tratando de ayudar a inmigrantes que pudieran tener alguna opción para regular su estatus migratorio, como parte de un programa que Tucson impulsa para ayudar a los inmigrantes a solicitar la ciudadanía estadounidense, si es que cumplen los requisitos.
“Algunos jóvenes amparados bajo el programa de Acción Diferida (DACA) pueden regular su estatus si se han casado con un ciudadano estadounidense”, indicó Rawls.
También dijo que existe un gran interés por parte de miembros de la comunidad de saber todas sus opciones, especialmente ahora que se debate en Washington varias propuestas que buscan terminar con lo que llaman “la inmigración en cadena”, en referencia a visas familiares que se otorgan a familiares de ciudadanos de este país.
La medida forma parte de las exigencias de la Casa Blanca para aprobar algún tipo de alivio migratorio que regularice el estatus de jóvenes indocumentados amparados con el DACA.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), ofreció un estatus legal en 2012 a unos 800.000 jóvenes que vivían indocumentados, pero el presidente actual, Donald Trump, lo suspendió en septiembre de 2017 y dejó la decisión en manos del Congreso, que tiene hasta marzo para pronunciarse.