LOS ÁNGELES, CA.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) emprendió una nueva acción legal contra la Patrulla Fronteriza (CBP) por el presunto abuso sexual a una adolescente guatemalteca cuando fue detenida por Inmigración en la frontera, anunció hoy la sede de ACLU en San Francisco, California.

La querella legal asegura que tras el arresto y una requisa, dos hermanas fueron llevadas a un almacén donde otro oficial las sometió a una nueva revisión y supuestamente abusó de ellas.

Las inmigrantes alegan que el agente las hizo desnudar y la tocó en sus “partes íntimas” en repetidas ocasiones, siempre bajo el argumento de que hacía su trabajo.

La mayor de las hermanas se habría quejado con otros agentes de lo sucedido pero éstos no creyeron en su queja. Luego, otro oficial rellenó un reporte.

Los hechos se remontan al 11 de julio del 2016, cuando la menor guatemalteca identificada en la querella como JI, fue detenida junto a su hermana mayor en la zona de El Presidio, Texas.

Esta es la tercera querella legal interpuesta por ACLU. Las dos primeras, presentadas el año pasado, fueron desestimadas. No obstante, ACLU decidió presentar un nuevo reclamo en la Corte de Distrito de Fresno, donde reside la joven afectada junto a su progenitora.

“Estamos decididos a responsabilizar a CBP por el abuso sexual de su agente. CBP se ha negado a enjuiciar penalmente al agente involucrado. Este abuso de poder es desmesurado”, dijo a Efe Angélica Salceda, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California.

El bufete de abogados Coblentz, Patch, Duffy & Bass LLP está acompañando a ACLU en la nueva demanda de la joven guatemalteca, que tiene actualmente 18 años.

“Estamos inspirados por el coraje de nuestro cliente en la búsqueda de este reclamo. Esperamos ayudarla a lograr algo de justicia por esta conducta escandalosa”, sostuvo Jeffrey Knowles, socio del bufete.

La actual demanda no incluye los hechos relacionados con la hermana mayor, que ha solicitado privacidad.

En 2014, ACLU tramitó un reclamo administrativo por reportes de abuso a 116 menores. Tras varios meses de investigación, la Oficina del Inspector General (OIG) cerró el proceso y obligó a los defensores de inmigrantes a presionar para que el gobierno tome acciones.

CBP no ofreció declaraciones sobre el nuevo litigio legal.