SAN DIEGO, CA.- El Gobierno indicó el 31 de agosto que se ha incrementado el número de padres indocumentados que fueron deportados y que han pedido se conceda la salida voluntaria del país de sus hijos.

En un documento ingresado en una corte federal de San Diego (California), los abogados de la Administración federal señalaron que “decenas de niños han recibido la salida voluntaria por parte de jueces de inmigración y han buscado el apoyo del Gobierno para partir”.

La Administración precisó en el escrito que se tratan de peticiones de salidas voluntarias hechas ante un abogado de Inmigración, dado el mandato judicial vigente de no expulsar del país a familias que pueden pelear una solicitud de asilo.

“El Gobierno trabajó con abogados de los niños para facilitar y cubrir el costo del traslado hacia el país de origen. El Gobierno ha ofrecido esta asistencia en cumplimiento de la orden judicial y su directiva para reunificar (familias)”, agregaron.

Como resultado de una demanda que interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el juez federal Dana Sabraw ordenó la reunificación de familias indocumentadas separadas en la frontera con México como resultado de la política estadounidense de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal.

El magistrado además suspendió semanas atrás las deportaciones de familias reunificadas que podían pelear casos de asilo, no obstante los retornos mencionados no violan dicho mandato dado que las leyes migratorias distinguen entre una deportación y una salida voluntaria, según dijeron los abogados en el documento.

La administración federal pidió al juez que clarifique las distinciones, porque por lo general en peticiones como estas hay un acercamiento directo con la corte para cada caso.

Pero “ahora que el número de solicitudes de asistencia para salidas voluntarias ha escalado, ese enfoque se ha vuelto insostenible”, recalcaron abogados, quienes agregaron que han debido frenar algunos viajes ya programados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y “en contra del deseo de los niños”.

Hasta la fecha, el Gobierno ha reunido a 2.157 de los 2.654 menores separados de sus padres cuando llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos.

De los 497 menores restantes, que continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), los padres de 322 ya fueron deportados del país, de acuerdo al informe de este jueves. El gobierno afirma tener conocimiento de que 167 padres han optado por renunciar a su derecho de ser reunificados con sus hijos.

Dicha cifra ha sido disputada por el equipo legal de ACLU, que reiteró en el reporte de hoy la existencia de casos de padres que fueron forzados o engañados a renunciar a su derecho de solicitar asilo y aceptaron su salida del país, ya que se les hizo creer que era la única forma de ser reunidos con sus hijos.

ACLU y otras asociaciones civiles con presencia en países centroamericanos han podido contactar a 279 padres que fueron deportados, de los cuales 184 ya ha manifestado su intención de ser reunificados con sus hijos.

Hasta la fecha, apenas 19 niños han sido trasladados a estos países por parte del Gobierno federal.