WASHINGTON.- El Gobierno no ha dado “instrucciones específicas” para perseguir a los beneficiarios del plan de Acción Diferida (DACA), a los que el presidente Donald Trump dio una prórroga de seis meses tras anunciar el pasado septiembre el fin del programa, aseguraron hoy fuentes oficiales.

“No tenemos instrucciones específicas para ir tras ningún beneficiario del DACA”, afirmó hoy en el Senado el secretario adjunto de Política Fronteriza, Inmigratoria y de Comercio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Michael Dougherty.

La declaración del funcionario del Gobierno se produjo en una sesión del Comité Judicial del Senado, que trabaja en encontrar una propuesta de ley que pueda ser aprobada por el Congreso antes de que el programa sea suspendido, el próximo 5 de marzo de 2018.

El programa fue implantado en 2012 mediante una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente, Barack Obama, con el fin de proteger de la deportación de aquellos extranjeros que llegaron al país de manera ilegal siendo niños, conocidos como “dreamers” (“soñadores”), a los que además permitió estudiar, trabajar y viajar.

Trump anunció el pasado 5 de septiembre el fin del DACA, pero dio seis meses al Congreso, para legalizar la situación de los cerca de 800.000 beneficiarios del programa.

Dougherty, quien señaló que la voluntad del presidente es “darle una oportunidad” a los “soñadores” para que puedan acabar quedándose “bajo una legislación racional” que les acabe permitiendo acceder a la ciudadanía, reconoció que una vez expire la prórroga los soñadores “no tendrán protección, ni acceso a permisos de trabajo”.

En este sentido, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien no participó en la comisión del Senado, emitió un comunicado en el que dijo estar “complacido” por escuchar que una “legislación racional” podría llevar a los soñadores a convertirse en “residentes permanentes en el camino a la ciudadanía”.

De acuerdo con el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, no obstante, la prioridad del actual Gobierno es “proteger al trabajador estadounidense”, para lo que la Administración está trabajando en reforzar la seguridad de las fronteras, reducir el número de visados y agilizar el proceso de deportación.

Hasta que finalice la prórroga, los soñadores podrán solicitar la renovación del programa, lo que podría dar un margen de dos años adicionales a algunos de los actuales beneficiarios del plan.

Cuestionado por la legalidad de esta medida, ante el hecho de que el programa ha llegado a ser tachado de inconstitucional por el fiscal general, Jeff Sessions, el representante del DHS admitió que haber acabado con el DACA de manera abrupta hubiera supuesto un grave problema por el elevado número de casos a evaluar.

En cuanto a los aspectos legales de la decisión de acabar con el programa, Chad Readler, fiscal general adjunto en funciones de la División Civil del Departamento de Justicia, informó de que el Gobierno ha sido denunciado por 17 estados, así como por el Distrito de Columbia, donde está la capital del país, todos ellos contrarios a esta medida.

“La decisión de desmantelar el DACA es motivo de litigación”, reconoció Readler, quién consideró que la medida responde, en parte, a que el fiscal general considera que los inmigrantes ilegales suponen una amenaza a la seguridad nacional, pese a que, hasta la fecha, no ha aportado datos que respalden sus sospechas.

En este sentido, Dougherty volvió a tomar la palabra para asegurar que, si alguien supone una amenaza “más allá de cuál sea su estatus, DACA o no”, las fuerzas del orden irán a por él.

Sin embargo, la mexicana, Dennise Rojas, que participó en la comisión en representación de los “soñadores”, indicó que antes de ser aceptada en el programa DACA se tuvo que someter a un completo chequeo de antecedentes y que, por contra, hasta 2012 vivía “aterrorizada” por la posibilidad de ser deportada.

A sus 28 años, Rojas estudia Medicina en la prestigiosa Escuela Icahn de Medicina de Mount Sinai, en Nueva York.

“El DACA fue la solución que me permitió subir el techo de mis aspiraciones como estudiante”, sentenció Rojas, quien se definió como una “orgullosa inmigrante ilegal y, próximamente, médica”.