WASHINGTON.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reiteró hoy que no es su prioridad deportar a los jóvenes indocumentados beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA) después de que se cumpliera el plazo dado por el presidente, Donald Trump, para que el Congreso alcanzara un acuerdo.

El 5 de marzo era la fecha tope que fijó el magnate a los legisladores de ambos partidos para que lograran una solución para los jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños, conocidos como “soñadores”.

Este colectivo está protegido de la deportación mediante el plan DACA, que fue aprobado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama y que se mantiene en vigor de forma provisional gracias a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En un comunicado, el portavoz interino del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Houlton, aseguró que los beneficiarios de DACA no son un “objetivo prioritario” para ser arrestados o deportados, salvo que presenten “factores negativos adicionales”, en referencia a posibles crímenes.

“Salvo excepciones (…) un individuo que es portador de DACA, o que lo era pero ha solicitado la renovación, no será objeto de arresto ni será deportado de EE.UU. mientras tenga la protección o su petición esté pendiente”, subrayó Houlton.

Pese al fin del plazo establecido por el presidente, el portavoz llamó a las personas que reúnan los requisitos a “registrar su solicitud”, aunque avanzó que “habrá casos en los que los beneficiarios pierdan su estatus debido a violaciones de los términos de DACA”, algo que -enfatizó- no es “inusual” y ya sucedía bajo la Administración de Obama.

Houlton recordó que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (USCIS) no atiende a peticiones de aquellos jóvenes indocumentados que no hubieran sido beneficiarios de DACA previamente y que las solicitudes aprobadas suelen ser válidas por un total de dos años.

En el comunicado, el portavoz precisó que las protecciones de DACA siguen teniendo efecto debido a una orden judicial que es el resultado de un “probable ejercicio inconstitucional de autoridad ejecutiva” y que “solo es bueno para dos años”, por lo que -argumentó- el Congreso “debe encontrar una solución permanente”.

Actualmente, por decisión del Tribunal Supremo, sigue en vigor la decisión del juez William Alsup, de la corte del distrito norte de California, quien en enero ordenó a Trump que reactivase el programa DACA para todo EE.UU. y siguiera recibiendo solicitudes de renovación hasta que se resuelvan todos los litigios pendientes.