WASHINGTON, DC.- El Gobierno de Estados Unidos calificó hoy de “decepcionante” la renuncia de cuatro miembros del consejo de asesores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debido a las polémicas políticas de separación de familias inmigrantes.

“Es decepcionante pero no sorprendente que (empleados) nombrados por la Administración anterior renuncien de sus puestos en el consejo de asesores del Seguridad Nacional debido a la aplicación de las leyes de inmigración escritas y aprobadas por el Congreso”, aseguró a Efe el portavoz del DHS Tyler Houlton.

Houlton también criticó la forma en la que los asesores manifestaron su descontento con las políticas de la Administración, pero indicó que su departamento está “deseando” nombrar sustitutos “pronto”.

Cuatro miembros de ese consejo, que ya trabajaban para el Ejecutivo de Barack Obama (2009-2017), dejaron sus puestos por las políticas de “tolerancia cero” que han provocado la separación de familias inmigrantes.

Según medios de comunicación estadounidenses, los asesores calificaron de “moralmente repugnantes” esas prácticas, que fueron iniciadas en abril y a las que el presidente Donald Trump puso fin el 20 de junio debido a las críticas recibidas desde diversos ámbitos.

Las separaciones de las familias inmigrantes que accedían de forma ilegal a la frontera sur fueron fruto de las directrices del Ejecutivo, que había encomendado que esas personas fueran procesadas por la vía criminal, algo que no se puede hacer con los menores de edad, con lo que fueron divididos y enviados a centros de detención diferentes.

El lunes, un juez estadounidense ordenó a la Administración que dejara temporalmente de deportar a familias que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México.

El 10 de julio, se cumplió uno de los plazos fijados por los tribunales en cuanto a reunificaciones, ya que el Gobierno debía entregar a 103 menores de 5 años separados de sus padres, aunque finalmente la cifra se redujo a 57.

El Ejecutivo alegó que no pudo completar el proceso por, entre otros motivos, la seguridad de los niños.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) indicó el lunes que había recibido dos listas por parte del Gobierno: Una con los nombres de 1.600 padres y otra con los de 2.500 menores.