SAN DIEGO, CA.- El Gobierno se apresura hoy a reunir a medio centenar de niños menores de cinco años que fueron separados de sus familias tras cruzar la frontera con México, aunque ya adelantó que no podrá cumplir con el plazo fijado para el total de los 102 menores de esa edad.
El Gobierno adelantó hoy al juez federal Dana Sabraw que ya entregó a sus progenitores a cuatro menores y espera que una cincuentena sean devueltos a sus familiares a lo largo del día en numerosas ciudades del país, como así lo están informando algunos medios estadounidenses.
Estas reunificaciones están teniendo lugar en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde se hallan los padres indocumentados, o cerca de los albergues en los que han sido acogidos los menores, como ya lo adelantó el Gobierno.
La abogada del Departamento de Justicia, Sarah Fabian, señaló en la audiencia de hoy al magistrado Sabraw que los padres serán liberados junto a sus hijos con un grillete electrónico y podrán proseguir sus casos bajo libertad condicional.
El juez Sabraw, cuya corte está en San Diego (California), determinó a finales del mes pasado que 102 niños menores de cinco años debían volver con sus padres indocumentados para hoy martes, y estableció que el resto (de 5 años en adelante) debe reunirse con sus familiares para el próximo día 26 de julio.
El magistrado confió hoy en que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, alcance a reunir en el transcurso del día a 63 de los 75 niños menores de cinco años que pueden regresar a los brazos de sus padres de forma inmediata.
Aunque en una audiencia el lunes el juez reconoció que algunos casos “requerirán más tiempo”, hoy recordó al Gobierno que los plazos fijados para hoy y para el 26 de julio no son “metas aspiracionales”.
De acuerdo a un escrito de la corte al que ha tenido acceso Efe, el Gobierno dio cuenta que de esos 75 menores factibles de ser devueltos a sus padres 20 no podrán hacerlo en el plazo fijado para hoy a causa de “legítimos impedimentos logísticos”, y señaló que en 12 de esos casos los padres han sido deportados de EEUU.
Añadió que del total de los 102 menores, 14 casos no son factibles de reunificación debido a que los padres afrontan un proceso criminal, representan un peligro para el bienestar del menor o se ha descubierto que no son los padres verdaderos del niño.
El Gobierno dejó entrever que en otros casos estaban a la espera de confirmación de parentesco mediante pruebas de ADN, sobre lo que el magistrado reiteró que dicho método no es obligatorio y que debe usarse si es necesario acelerar el proceso o si hay una legítima duda sobre la relación entre padres e hijos.
Los abogados del Departamento de Justicia deberán proveer un informe el jueves sobre el estado de las reunificaciones y fechas previstas para los restantes niños menores de cinco años, así como en el caso de los mayores de esa edad, y luego reunirse ante al juez el viernes junto a los demandantes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Lee Gelernt, abogado de esta organización, señaló hoy que “la política de separar padres de sus hijos fue anticonstitucional y en palabras del juez, brutal”.
“Fue horrible para estos niños, pero encima de eso el Gobierno no tenía un sistema de rastreo y esa es una de las razones por la cual la reunificación está tomando tanto tiempo”, agregó Gelernt en rueda de prensa.
Sabraw, no obstante, reconoció hoy un progreso en ambas partes y adelantó que el Gobierno deberá preparar una lista de los cerca de 2.000 niños mayores de cinco años que califican para ser reunidos con sus padres, tras ser separados “incorrectamente”.
Interrogado hoy sobre una solución a la crisis de los niños alejados de sus padres en la frontera con México, el presidente Donald Trump dijo hoy que lo mejor es “que no vengan” al país “ilegalmente”.
“Bueno, tengo una solución. Dile a la gente que no venga ilegalmente a nuestro país. Esa es la solución. (…) Ven como lo hacen otras personas, ven legalmente”, apuntó Trump antes de embarcar en el Air Force Once rumbo a Bruselas, donde iniciará una gira por Europa.
Para activistas defensores de derechos humanos, como Benjamín Prado, del Comité de Amigos Americanos de San Diego, este caso judicial evidencia la forma “tan torpe” y “maliciosa” con la que las familias han sido separadas.