Tijuana, México.- Fuerzas federales mexicanas establecieron hoy un cerco al principal albergue de los migrantes que han llegado a la fronteriza ciudad de Tijuana, luego del enfrentamiento del domingo en que cientos de centroamericanos rompieron una barrera policial para ingresar a Estados Unidos.

Los agentes llegaron en al menos una decena de autobuses con capacidad para unos 50 pasajeros cada uno y fueron desplegados con equipo antimotines en las inmediaciones de la unidad deportiva “Benito Juárez”, donde hasta la noche del domingo se contabilizaron 5.632 migrantes albergados.

El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, explicó hoy a periodistas después de un recorrido por el complejo deportivo que la presencia adicional de la corporación en Tijuana “es parte de las instrucciones precisas que dio ayer el secretario de Gobernación (Alfonso Navarrete)”.

“Se trata de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes sin que en ello se justifique, bajo ninguna circunstancia, el quebrantamiento del orden. De eso trata esta etapa”, agregó.

Respecto al número preciso de agentes que han llegado dijo que por el momento es un dato que se mantendrá en reserva. “Pero podemos hablar de que hay un reforzamiento importante”, sostuvo.

En tanto, algunos centroamericanos se han acercado a los oficiales de la Policía Federal y de los Grupos Beta -unidad del Instituto Nacional de Migración especializada en brindar orientación y asistencia a migrantes- al enterarse que existe una relación de quienes desean regresar de forma voluntaria a sus países de origen.

La Policía Federal les informa que se les está brindando transporte a Tapachula, en el estado de Chiapas (fronterizo con Guatemala), donde son atendidos en un albergue y posteriormente transportados a sus países.

“Me voy porque veo la situación cada día más difícil. No tengo dinero ni quién me ayude de allá para gastar en mi alimentación. Cada día más inmigrantes vienen entrando y esto se va a convertir en un caos para mí”, dijo a Efe el hondureño Heriberto Jiménez.

Los centroamericanos recurren cada vez más a esta opción en vista del refuerzo de la seguridad y de las cotidianas advertencias del presidente Donald Trump, quien hoy instó a México a enviar de vuelta a sus países “por cualquier medio necesario” a los migrantes que tratan de acceder a Estados Unidos.

La nueva advertencia llega un día después de que un grupo de migrantes desafiara a las autoridades al trepar el muro fronterizo con Estados Unidos desde Tijuana después de romper un cerco policial, siendo recibidos con gases lacrimógenos de la policía fronteriza estadounidense.

A raíz del incidente, el gobernador del noroccidental estado mexicano de Baja California, Francisco Vega, pidió que el Gobierno atienda la contingencia migratoria “como un asunto de seguridad nacional y se le dé así el tratamiento correspondiente”.

Al presidente Enrique Peña Nieto le pidió que emita órdenes “para que de una vez por todas el Instituto Nacional de Migración haga su trabajo para que esos migrantes se apeguen a nuestras leyes migratorias, y aquellos que están violándolas sean sujetos de inmediato al proceso de deportación”.

“Asimismo, que se canalicen a la brevedad los recursos necesarios para soportar los costos básicos de alimentación, higiene, salud y alojamiento de estos casi 9.000 migrantes centroamericanos que ya están en Baja California”, acotó.

A su vez, Peña Nieto agradeció las labores de la Policía Federal en Tijuana.

“Cuando tenemos necesidades y coyunturas que enfrentar en diferentes momentos, como la que hoy tenemos en el norte del país con la caravana (…), allí está la Policía Federal”, celebró Peña Nieto.

Peña Nieto, quien cederá el poder a Andrés Manuel López Obrador este sábado, señaló que el Gobierno aboga por una “migración ordenada y respetuosa del marco legal”, en alusión a los incidentes de la víspera en Tijuana, que derivaron hasta el momento en la deportación de casi un centenar de centroamericanos.

“Anoche fueron 98 personas puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración o aseguradas por personal del Instituto y han sido deportadas”, explicó Gerardo García Benavente, titular del organismo.