NUEVA YORK.- Un grupo de 19 fiscales generales de pidió hoy al Congreso que apruebe una ley que proteja a los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), en especial los de Haití y El Salvador, de retornar a sus países sin que hayan cesado las condiciones que los llevaron a salir de ellos.

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, se unió en una carta remitida al Congreso por sus colegas para pedirle al Legislativo una ley que les permita a los beneficiarios pasar a la categoría de residentes permanentes tras el fin del TPS.

El TPS es un programa creado en 1990 con el que EE.UU. concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Durante décadas, las autoridades renovaron de manera automática por periodos de 18 meses el TPS, pero el presidente Donald Trump ha decidido acabar con esos permisos, argumentado que son temporales y le corresponde al Congreso aprobar una ley para regularizar la situación de sus beneficiarios.

Trump ya ha anunciado el fin del TPS para El Salvador, Haití y Nicaragua, aunque a los ciudadanos de esos países les dio de margen hasta 2019 para que salgan de EE.UU. y, por otro lado, extendió el TPS para Honduras durante seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, cuando volverá a revisar su vigencia.

“Los neoyorquinos de largo plazo de Haití y El Salvador enriquecen nuestra economía y fortalecen nuestras comunidades”, señaló Schneiderman, quien lamentó que la administración Trump “está eliminando el estado de protección de nuestros vecinos vulnerables, poniendo en peligro su seguridad y bienestar”.

“Si la administración de Trump se niega a proteger a estas familias, entonces necesitamos que el Congreso actúe”, agregó.

El fiscal general de Nueva York recordó en su carta que los miles de beneficiarios del TPS que residen en los 19 estados “han hecho contribuciones sustanciales a nuestras comunidades y economías”.

Además, mencionó que tienen más de 275.000 hijos nacidos en Estados Unidos y contribuyen con alrededor de 4.500 millones de dólares al producto interior bruto de Estados Unidos.

La coalición que firmó la carta fue dirigida por el Distrito de Columbia e incluye a los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, según un comunicado.