WASHINGTON, DC.- El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, reiteró hoy la intención del presidente Donald Trump de terminar finalmente con el programa de Acción Diferida (DACA), después de que un juez federal reafirmara el viernes su orden al Gobierno de reactivar esa protección migratoria.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión del viernes del tribunal de distrito en el caso de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. El Departamento de Justicia tomará todas las medidas legales para justificar la rescisión legal de DACA”, señaló Sessions en un comunicado.

El juez federal con corte en Washington, John D. Bates, volvió a confirmar hace tres días su orden al Ejecutivo de Trump de reactivar por completo el programa para jóvenes indocumentados DACA con la admisión de nuevos solicitantes, conocidos como “soñadores”.

Con esa decisión, Bates rechazó así el recurso del Gobierno a su decisión inicial del 24 de abril.

En ese fallo, consideró “inexplicada” la derogación del DACA dispuesta por Trump en septiembre pasado y, por lo tanto, concluyó que fue “ilegal”.

En este sentido, Sessions consideró hoy que fue la Administración del expresidente Barack Obama (2009-2017) la que violó su deber de hacer cumplir las leyes de inmigración de EE.UU. al aplicar una política de inmigración “categórica y no policial para un grupo masivo de extranjeros ilegales”.

Además, el fiscal general apuntó que Trump “no solo tenía la autoridad para retirar” ese amparo migratorio, “sino que tenía el deber de hacerlo”.

La suspensión del DACA tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca se materializó por los desafíos legales que enfrentó la decisión del presidente.

De hecho, en enero, otro juez federal resolvió la reactivación parcial del DACA con la admisión de las solicitudes de renovación a aquellos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.

Ese fallo, a diferencia del de Bates, ya se ha puesto en práctica.

El DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690.000 jóvenes, que llegaron al país sin papeles cuando eran menores y a los que se conoce como “soñadores”.