DENVER, CO.- La fiscal general de Colorado, Cynthia Coffman, informó hoy que apelará la decisión del Tribunal Supremo estatal de abolir una ley que penalizaba el transporte de inmigrantes indocumentados dentro del estado.

En un escueto comunicado de prensa difundido hoy, Coffman indicó que apelará la decisión del máximo tribunal estatal quien abolió este martes por la noche una ley, vigente desde 2006, que penalizaba el transporte de inmigrantes indocumentados dentro del estado.

En 2006, tanto durante la sesión regular como en una sesión extraordinaria convocada en respuesta a multitudinarias marchas proinmigrantes en Denver, la legislatura de Colorado aprobó un paquete de medidas antiinmigrantes, que luego sirvieron de modelo a leyes similares en otros estados.

Ese paquete incluyó una ley que convertía en delito ofrecer transporte a personas indocumentadas a cambio de dinero y otra ley dándole a la Patrulla de Caminos de Colorado la autoridad de verificar la situación migratoria de los pasajeros de vehículos transitando por carreteras estatales.

La validez constitucional de esas medidas fue inmediatamente desafiada en las cortes locales y el caso eventualmente llegó al Tribunal Supremo estatal quien ahora decidió por mayoría de 4 votos a favor y 3 en contra que la ley de 2006 sobre transporte de indocumentados debía abolirse para crear “un esquema uniforme de castigos” en todo el país, o sea armonizar las leyes locales con las nuevas leyes federales.

Expresando la opinión de la mayoría, el juez Richard Gabriel puntualizó que la manera en la que está redactada la ley de 2006 sobre contrabando de personas y transporte de indocumentados significa que “las actividades de contrabando humano involucrando a extranjeros indocumentados ahora son castigables en Colorado, pero no en otros lugares”.

Por lo tanto, cuando surgen esas discrepancias, y cuando el tema (como en el caso de inmigración) es de exclusiva responsabilidad del Gobierno federal, las leyes federales toman precedencia y, por lo tanto, la ley estatal debe ser abolida, explicó el juez Gabriel.

Por su parte, la jueza Allison Eid, hablando en nombre de la minoría, consideró que la ley de 2006 había sido aprobada para “proteger a los pasajeros en operaciones de contrabando humano sin importar su situación migratoria”, debido a que la ley de Colorado de 2006 no exige que se demuestre que las personas transportadas por un presunto traficante carecen de presencia legal en el país, a diferencia de las leyes federales que sí lo exigen.

Es por ello que la ley estatal de 2006 no necesitaba ser abolida, matiza Eid.

Según el Pew Research Center, en Colorado residen unos 140.000 indocumentados, la mitad que en 2006, y cada año se denuncian unos 120 casos de contrabando de personas, según la Línea Nacional de Tráfico Humano (NHTH).