LOS ÁNGELES, CA.- El Fiscal de California, Xavier Becerra, puso hoy en sobre aviso a los empleadores acerca de una nueva ley estatal que les prohíbe compartir información de sus empleados si no existe una orden judicial.
La ley AB450, vigente a partir de enero 1 de este año, regula la manera como los empleadores deben manejar la información privada de los trabajadores.
“En California tratamos de proteger los intereses de privacidad de quienes trabajan aquí y, bajo una nueva ley, el empleador tiene la obligación de no violar la privacidad de esos empleados”, alertó Becerra en rueda de prensa en Sacramento.
Presentada por el asambleísta demócrata de San Francisco David Chiu, y firmada por el gobernador Jerry Brown en octubre de 2017, la AB450 exige que los empleadores pidan una garantía judicial antes de permitir el ingreso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los sitios de trabajo.
Igualmente obliga a notificar “en el lenguaje que el empleador normalmente usa para comunicar información al empleado”, al menos 72 horas antes, sobre una Notificación de Inspección (NOI) de la Forma I-9 de Verificación de Elegibilidad para el Empleo.
Una copia de la notificación deberá ser publicada junto con la fecha en que el empleador la recibió, así como sobre la “naturaleza de la inspección” en la medida en que se sepa.
Becerra insistió en que se trata de proteger la privacidad de los residentes de California.
“Los negocios tienen la obligación de proteger la privacidad de sus empleados, incluyendo los que son inmigrantes”, dijo el fiscal.
No obstante, aclaró que su departamento trabaja conjuntamente con las autoridades federales de inmigración.
“El estado de California, el Departamento de Justicia, mi oficina, trabajamos día a día a nivel federal en cuanto a las leyes para proteger al pueblo”, sostuvo.
“La mejor forma de trabajar es compartiendo información. En este caso, yo no he tenido palabras de mis socios a nivel federal sobre lo que piensan hacer o no”, explicó al referirse a las posibles redadas de inmigración.
El fiscal también recordó la entrada en vigor de la ley SB 54, que prohíbe a las agencias de control de la ley locales y estatales destinar sus recursos para hacer cumplir las leyes de inmigración.
La violación de la ley AB450 establece multas desde 2.000 hasta 10.000 dólares para los empleadores.
Recientemente, las autoridades federales realizaron inspecciones en cerca de 100 franquicias de la cadena 7 Eleven en 17 estados del país, incluyendo California, con un saldo de 21 indocumentados detenidos.