HOUSTON, TX.- Buena parte del retraso administrativo de los alrededor de 715.000 casos pendientes en las cortes federales de inmigración tiene que ver con la falta de intérpretes calificados, según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración de Estados Unidos (NAIJ, en inglés).

Ashley Tabaddor, presidente de NAIJ, organización fundada en 1971 y compuesta por jueces de inmigración jubilados y activos, afirma que el número de intérpretes de español, hablado por el 85 % de los inmigrantes que se presenta ante un juez, no es suficiente.

“En la corte de inmigración de Los Ángeles, por ejemplo, tenemos de 10 a 12 intérpretes al español contratados para dar servicios en nuestras audiencias, pero la carga de trabajo es mucha. Eso sin contar con los inmigrantes que hablan otros idiomas y de los cuales no tenemos intérpretes para servirles”, aseveró Tabaddor en una entrevista con Efe.

“Además, en los últimos tres años se implementó un sistema de interpretación a distancia, donde el juez debe hacer uso de un traductor vía telefónica”, agregó.

Para Tabaddor, ese proceso, que se supone ofrece los servicios de un intérprete titulado, es ineficiente por las trabas logísticas que presenta.

“Como por ejemplo que ese profesional a distancia conozca rigurosamente los procedimientos y términos legales como para que el mensaje sea lo suficientemente claro”, dijo.

En 2015 la empresa SOS International ganó una licitación del Departamento de Justicia para abastecer con intérpretes titulados a las cortes de inmigración del país.

Sin embargo, desde entonces ha recibido un sinnúmero de críticas por parte de los gremios que agrupan a intérpretes certificados, que denuncian que ha reducido sistemáticamente sus salarios y clasifica a los empleados fijos como contratistas independientes.

Según el Centro de Justicia Brennan, el Departamento de Justicia utiliza en las cortes de inmigración una combinación de 70 intérpretes titulados fijos y más de 1.650 intérpretes independientes.

En junio de 2017 la NAIJ enumeró algunas deficiencias en las operaciones diarias de las cortes de inmigración que, a su juicio, agravaban el retraso de casos, como problemas con el sistema informático y de grabación de audio de las audiencias.

También que otro factor importante en los retrasos administrativos era la cancelación de casos de inmigración por el pobre desempeño de los intérpretes contratados de forma independiente que ponía en peligro el debido proceso de los inmigrantes amparados por la Constitución estadounidense.

En mayo de este año la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, una agencia federal independiente, dictaminó que SOS International había incurrido en represalias en contra de intérpretes que habían buscado sindicalizarse para lograr mejoras laborales y ordenó el pago de una compensación significativa.

La NAIJ, según Tabbador, constantemente insta a las autoridades gubernamentales a que en la medida de lo posible contraten a un servicio de interpretación más eficiente y se incremente considerablemente el número de intérpretes fijos en las cortes de inmigración y centros de detención del país.

“Así, al estar expuestos a diario (los intérpretes) al sistema legal y al lenguaje técnico en casos complejos como lo es inmigración, el margen de error será menor y por lo tanto serán más fiables para delegarles trabajo”, aseveró Tabbador.

Pero para David Rumsey, expresidente de la Asociación de Traductores de Estados Unidos (ATA, en inglés), organización que agrupa a traductores e intérpretes a nivel nacional e internacional, la falta de intérpretes calificados en las cortes de inmigración puede tener una relación directa con el incentivo económico.

“Porque para poder garantizar el debido proceso en un sistema legal que puede ser complejo para los extranjeros, debes tener al personal mejor calificado para que se comunique con el juez y con la persona frente a él de forma efectiva”, sostuvo Rumsey.

Los casos en las cortes migratorias son considerados procesos civiles y no criminales, por lo tanto no tienen derecho a un abogado de oficio.

Los inmigrantes deben presentarse ante el juez con un abogado o de lo contrario representarse legalmente a sí mismos (más del 40 %). En esas audiencias es donde se les asigna un intérprete.

Hasta mayo de este año, las cortes federales de inmigración (334) tenían un retraso administrativo de más de 714.000 casos y en algunos tribunales la espera media para una audiencia de deportación era de más de 1.400 días, o casi cuatro años, según un recuento de la Universidad de Syracuse en Nueva York.

La mayoría de esos casos están en California (136.000), Texas (107.000), Nueva York (95.000) y Florida (47.000).