AUSTIN,TX.- Expertos y activistas aseguraron hoy que la ley SB4, cuyo objetivo es prohibir las “ciudades santuario” en Texas, está “muy recortada” después de que el Tribunal de Apelaciones del Distrito Quinto emitiese su fallo sobre ella este lunes.

“Los tres mayores componentes de esta ley siguen bloqueados o fueron muy recortados ayer por el tribunal de apelaciones”, explicó hoy en una conferencia telefónica la vicepresidenta de litigios del Fondo Méxicoamericano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF), Nina Perales.

Así, la letrada recordó que el panel de tres jueces del tribunal con sede en Nueva Orleans (Luisiana) decidió mantener el bloqueo en las secciones de la ley que prohíben las políticas “santuario” y en las que aplican sanciones y penas de cárcel a los alguaciles y policías locales que decidan proteger a los indocumentados de la deportación.

Además, el tribunal de apelaciones no aceptó la disposición de la legislación que acarrea multas de hasta 25.000 dólares para aquellos empleados públicos que hablen en contra de la SB4 o propongan otras políticas de inmigración, como estipula el texto de la polémica ley.

Sin embargo, explicó que a partir de ahora no se prohibirá a las autoridades locales ayudar a los agentes de inmigración y se obligará a las cárceles a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), después de hacer una revisión “caso por caso”.

“Básicamente estamos en el mismo punto de antes de la SB4: entró en efecto solamente una pequeña parte que afectará a aquellos que cometan un delito e ICE requiera detener dentro de un período máximo de 48 horas posterior a su teórica puesta en libertad”, sintetizó Perales.

El fallo de este tribunal de apelaciones, uno de los más conservadores del país con una mayoría de jueces nombrados por los expresidentes republicanos George W. Bush y Ronald Reagan, llegó después de que Texas apelase la decisión de una corte federal de distrito de San Antonio (Texas), que bloqueó esta legislación dos días antes de que entrase en efecto el pasado 1 de septiembre.

El magistrado, Orlando García, ordenó entonces el bloqueo temporal de la ley SB4, que quiere obligar a las autoridades locales a colaborar con los agentes federales de inmigración y les permite indagar el estatus migratorio de cualquier persona en busca de indocumentados, incluso durante una parada por cuestiones de tránsito.

“Esto sigue siendo en gran medida una victoria para las comunidades de inmigrantes y la policía local que han resistido la SB4”, señaló en un comunicado el director legal de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) en Texas, André Segura.

El abogado indicó que es importante que los sheriffs y policías locales puedan seguir imponiendo limitaciones “de sentido común” cuando cooperen con el ICE y ser capaces de marcar las guías de trabajo de sus equipos.

“Contrario a los deseos del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del fiscal general, Ken Paxton, los oficiales locales no son reclutados para cumplir con todos los deseos de la fuerza de deportación del presidente (Donald) Trump”, finalizó.

No obstante, la cofundadora de United We Dream, Julieta Garibay, que también participó en esta sesión informativa, señaló que la SB4 es una ley “racista” en cualquier forma que se presente y criticó la agenda estatal y nacional, que dijo tiene como objetivo “aterrorizar” a la población inmigrante.

“Es una vergüenza que la gente del sureste de Texas, que continúa trabajando duro para retomar sus vidas después de Harvey, se sientan atacados continuamente a nivel estatal y nacional”, añadió la activista al recordar la situación de muchas personas que aún se recuperan del devastador paso del huracán.

Garibay también recordó a este respecto otras medidas como los vetos migratorios de Trump, la propia SB4 y la eliminación del programa DACA, que ha protegido de la deportación a unos 800.000 jóvenes indocumentados llegados al país en la infancia.