PHOENIX, AZ.- Activistas y miembros de la Coalición de Familias Uncage & Reunite exigieron en Arizona una revisión de las licencias otorgadas a Southwest Key, la empresa privada que administra cárceles para inmigrantes indocumentados, por incidentes graves ocurridos con menores.

Ofelia Canez, miembro de la Coalición, indicó a Efe que existen numerosos informes de abuso sexual y de malos tratos a niños en las instalaciones de Southwest Key, además de que creen se está manejando la investigación “a puertas cerradas” la investigación al respecto.

“Hay mucho misterio, no nos dan información sobre la reuniones y nosotros sabemos que la razón por la que cerraron el albergue de Youngtown es que estaban drogando a los niños para apaciguarlos”, sostuvo Canez.

“Ya vimos en el informe que les están dando 16 diferentes tipos de drogas sin órdenes de algún doctor. No tienen derecho a hacer eso, deben parar esas prácticas”, denunció.

El 5 de este mes, el Gobierno federal suspendió las operaciones de un albergue para niños inmigrantes ubicado en la localidad de Youngtown, en Arizona, sin ofrecer dar detalles del motivo de la clausura.

A mediados de septiembre, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS, por sus siglas en inglés), recibió un informe sobre la situación de algunos albergues que operan en oficinas no aptas para menores, lo que desencadenó una investigación y una inspección del sitio.

Southwest Key ha sido objeto de un intenso escrutinio en este estado, tras revelarse casos de abuso sexual contra menores alojados en los refugios.

Las inspecciones encontraron anomalías que llevó a revocar las licencias de varias instalaciones para menores.

“El acuerdo propuesto por ADHS con Southwest Key no garantiza que el patrón anterior de abuso sexual y físico en los trece centros de detención de jóvenes inmigrantes de la compañía privada no se repita”, dijo Esther Lumm, portavoz de Uncage & Reunite Coalición de Familias.

James García, vocero de la propia Coalición, expuso por su parte a Efe que van a luchar para que se cumplan una serie de demandas que exigen al gobierno asumir la responsabilidad por los daños causados a los niños mientras se encuentran bajo su cuidado y custodia.

Entre ellas, una compensación a las familias con honorarios y otros gastos relacionados con la reunificación; que se garantice la seguridad, la salud y el bienestar de todos los detenidos en los centros de detención.
También que se investigue, procese y multe a los responsables de operar las instalaciones sin el cuidado requerido para manejar menores.

García comentó que están pidiendo una comisión para investigar incidentes de abuso y hacer recomendaciones, como incluir representantes de agencias gubernamentales y miembros de la comunidad en las mesas directivas de los albergues.

La Coalición exige que se fortalezcan y reformen las leyes para las licencias de las instalaciones y así prevenir el abuso y el maltrato.

Debido a las múltiples denuncias, el DHS de Arizona citó este último martes a los operadores de los albergues de Southwest Key “a puertas cerradas”, sin dar pormenores de lo acordado en la reunión y anunciando un próximo encuentro para el 9 de noviembre.