WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump acusó el viernes a abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles de engañar al gobierno en el caso de la adolescente inmigrante embarazada que logró conseguir un aborto tras presentar una demanda.

El Departamento de Justicia dijo que el aborto de la adolescente avanzó sin el conocimiento de sus abogados, por lo que los abogados administrativos no apelaron ante la Corte Suprema antes de que el proceso se concretara. El gobierno ahora está pidiendo a la Corte Suprema que anule el fallo que una corte menor dio en favor de la muchacha, que ingresó al país de manera ilegal y está en un centro de detención federal para menores no acompañados en Texas.

La joven de 17 años se sometió al procedimiento de interrupción del embarazo el 25 de octubre luego de que todos los jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Circuito de Columbia fallaran en su favor. El Departamento de Justicia dice que a sus abogados les dijeron que el proceso sería el 26 de octubre. El nombre de la adolescente y su país de origen no fueron divulgados por tratarse de una menor, y en los documentos presentados en corte ella es identificada como Jane Doe.

“Tras informar a abogados del Departamento de Justicia que el proceso ocurriría el 26 de octubre, los abogados de Jane Doe programaron el aborto para las primeras horas del 25 de octubre, evitando así que la Corte Suprema evaluara el caso”, dijo el portavoz del Departamento de Justicia Devin O’Malley en un comunicado, agregando que “tal vez sea necesario disciplinar a los abogados de Jane Doe”.

David Cole, director de asuntos legales de organización conocida por sus siglas en inglés como ACLU, defendió a sus abogados.

“Este gobierno ha tomado medidas increíbles para evitar que esta jovencita aborte. Ahora, porque no pudieron detenerla, están planteando cuestiones sin fundamento sobre nuestro comportamiento. Nuestros abogados actuaron en defensa de los intereses de nuestro cliente y en total conformidad con las órdenes de la corte y las leyes federales y de Texas. El que los abogados del gobierno no pidieran una evaluación judicial lo suficientemente rápido es culpa de ellos, no nuestra”, dijo Cole en un comunicado.