Miami, Fl.- Congresistas demócratas reunidos este lunes en el Capitolio de Florida consideraron “peligroso” un proyecto de ley estatal que busca forzar a las policías locales a cooperar con las autoridades federales migratorias y exigir la derogación de políticas santuario.

La iniciativa, presentada por el senador republicano Joe Gruters, ya fue aprobada por el comité Judicial del Senado y este martes será sometida al de Infraestructura y Seguridad.

La medida promueve “la división y el reclutamiento de gobiernos locales para hacer cumplir las leyes de inmigración”, se lamentó el senador demócrata José Javier Rodríguez en una rueda de prensa.

“No podemos costearlo a nivel local, el precio es incalculable”, manifestó.

La iniciativa exige que todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía no solo cumplan con la ley federal de inmigración, sino que también trabajen con agencias federales como la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Acompañados de familias de inmigrantes que se verían afectadas si la SB-168 es aprobada, los congresistas, entre ellos también Annette Taddeo, Víctor Torres y Carlos Guillermo Smith, señalaron que la medida es “mala para la comunidad y para la economía”.

La senadora Taddeo la calificó de “peligrosa” porque atemoriza a los inmigrantes indocumentados, que tienden a evitar la denuncia de delitos por el miedo a las autoridades policiales.

“Los padres no deben tener miedo de llevar a sus hijos a la escuela. Las mujeres maltratadas no deben tener miedo de buscar ayuda”, manifestó.

“Este proyecto de ley es infundado, no aborda los costos de detención y obliga a la policía local a actuar como agente federal de inmigración”, señaló este lunes Tomas Kennedy, director político de Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

Según la FLIC, la medida además aumentará las deportaciones masivas y dificultará aún más el trámite de asilo de los inmigrantes venezolanos, que han llegado a Florida huyendo de la crisis.

La SB-168 además “exige la derogación de políticas santuario” y prohíbe a funcionarios electos aprobar políticas de refugio que impidan la cooperación con las autoridades federales de inmigración como las polémicas órdenes de detención “prolongada” de indocumentados expedidas por ICE.

ICE solicita a las cárceles locales detener a estos indocumentados por otras 48 horas después de que se le ordene la libertad para que los agentes migratorios tengan el tiempo suficiente para recoger al preso.

Estas órdenes han estado en el centro de discusión de las llamadas “ciudades santuario” y han sido declaradas “inconstitucionales” por algunas cortes de Estados Unidos.

El proyecto deberá ser aprobado por ambas cámaras de la Asamblea Legislativa estatal, de mayoría republicana, que celebra sesiones regulares hasta el próximo 3 de mayo.