SAN DIEGO, CALIFORNIA.-  Un grupo de inmigrantes recluidos en un centro de detención de San Diego, en California, ha presentado una demanda colectiva por supuesta explotación laboral en el interior de sus instalaciones, informaron medios locales al finalizar el año.

La acusación, presentada en la corte federal del distrito sur de California, apunta a la compañía CoreCivic, que opera un centro de detención de indocumentados en Otay Mesa, de aprovecharse de “fuerza laboral gratuita o casi gratuita” para realizar servicios que aumentan sus ganancias.

La demanda, según recoge el diario San Diego Union-Tribune, indica que la multimillonaria compañía paga entre 1 y 1,5 dólar diarios, o en ocasiones absolutamente nada, para que los indocumentados “mantengan y operen” las instalaciones.

El documento señala que en el lugar no solo no se provee de necesidades básicas a los detenidos, sino que algunos miembros del personal amenazan a los indocumentados con recluirlos en confinamientos aparte o prohibirles las visitas familiares si se niegan a realizar los trabajos.

La compañía CoreCivic se ha abstenido de hacer comentarios, aludiendo a que se trata de un litigio pendiente, e incluso dijo al periódico que no ha sido citada sobre el caso.

El centro de detención, ubicado en el este del condado de San Diego, alberga a detenidos que se encuentran bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) con una cita judicial pendiente.

La agencia migratoria, sin embargo, no es acusada en la demanda federal. Los cinco inmigrantes que han presentado la demanda colectiva, de origen mexicano y centroamericano, llegaron a la frontera con Estados Unidos en los últimos meses en busca de asilo político.

Bajo las directrices de ICE, todo trabajo más allá de mantener limpia el área personal debe ser voluntario y requiere un pago mínimo de un dólar por día y una jornada máxima de ocho horas.

“Los detenidos tendrán la oportunidad de trabajar en un programa de labores voluntario. La clasificación de detención debe determinar el tipo de trabajo para el que él o ella es elegible”, precisa el reglamento, actualizado hace un año.

Uno de los demandantes, el inmigrante salvadoreño Juan José Merino Rodas, señala que se le asignó un trabajo de cocina y como trabajador de limpieza, por lo cual se le pagaba un dólar con cincuenta centavos el día, según la versión periodística.

Mientras realizaba sus funciones, el hombre sufrió una “extremadamente dolorosa quemadura en un brazo que requería atención médica”, pero el centro negó al inmigrante el acceso al programa de compensaciones para trabajadores y le requirió volver a trabajar un día después del accidente, según la demanda.

La demanda hace énfasis en que la corte de inmigración pertenece al sistema civil y no criminal, y en que incluso muchos detenidos, algunos sin ninguna imputación criminal, han accedido a la deportación únicamente para ser liberados de “condiciones intolerables”.