LOS ÁNGELES, CA.- Organizaciones defensoras de los inmigrantes rechazaron el fin de semana la recomendación del Departamento de Estado de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití.

“Esta recomendación demuestra una vez más que este Gobierno no tiene corazón, están interpretando la ley a su conveniencia y de forma racista”, dijo a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), organización que pertenece a la Alianza Nacional TPS.

El diario The Washington Post, citando a funcionarios bajo condición de anonimato, reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el encargado de tomar la decisión sobre el TPS, recibió esta semana la recomendación del Departamento de Estado de concluir el programa en el caso de esos países, y que permite a sus beneficiados residir y trabajar legalmente en el país.

La revelación del periódico trasciende antes del vencimiento de los permisos de permanencia y de trabajo de miles de hondureños y nicaragüenses, el próximo mes de enero, y sobre los que el Gobierno debe pronunciarse 60 días antes.

“Poner fin al TPS para casi 300,000 centroamericanos y haitianos es una equivocación en todos los niveles”, aseguró en un comunicado Tom Jawetz, vocero de la organización Center for American Progress.

Las advertencias de este centro no solo se enfocan en el problema que genera dejar sin estatus legal a estas miles de personas, sino en los negativos efectos económicos que dejará en el país.

“Obligar a estos receptores del TPS a salir de la fuerza laboral le quitará al país más de 164.000 millones de dólares en producto interno bruto durante la próxima década, con las mayores pérdidas ocurriendo en California, Texas y Florida”, advirtió Jawetz.

Según las fuentes anónimas que hablaron con el rotativo, el Departamento de Estado concluyó que los problemas de violencia, corrupción y pobreza que todavía atraviesan algunos de estos países centroamericanos y Haití no tienen que ver con los desastres que provocaron la concesión del TPS.

La recomendación de este departamento, encabezado por Rex Tillerson, avala las primeras advertencias de la Administración Trump de no renovar este programa porque, como su propio nombre lo indica, el beneficio es “temporal”.

Aunque los activistas y los beneficiarios son conscientes del riesgo de la no renovación del programa, en especial tras la extensión del TPS por solo seis meses, y no 18, para más de 50.000 haitianos, esperaban que la actual Administración escuchara los reclamos de activistas, líderes religiosos y sindicatos.

“No queda otro camino que el Congreso, estamos trabajando para por un proyecto de ley que proteja a estos inmigrantes. La lucha va a seguir, no vamos a rendirnos”, sentenció Alvarado.

Creado en 1990, el TPS es un programa por el que Estados Unidos concede de forma extraordinaria beneficios migratorios a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Actualmente viven 439.625 inmigrantes en el país amparados por el TPS, según datos facilitados a Efe por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).