SAN JOSÉ, COSTA RICA.- El Gobierno de Costa Rica aseguró hoy que no entregará a Nicaragua ninguna lista de personas solicitantes de refugio porque ello atentaría contra el derecho internacional y los derechos humanos de esta población.
“Costa Rica no brinda esa información a ningún país. Liberar información confidencial o sensible de estas personas atenta contra todo el derecho internacional sobre derechos humanos y refugiados”, declaró hoy a los periodistas la vicecanciller Lorena Aguilar.
El miércoles el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que pedirá a Costa Rica la lista de nicaragüenses que han huido hacia este país vecino a causa de la crisis local y mostró su interés en reclamar a quienes considera que cometieron crímenes antes de emigrar.
Sin embargo, el Gobierno de Costa Rica explicó hoy que la información de los solicitantes de refugio es confidencial por tratados internacionales y que por ello no entrega ese tipo de datos a ningún país.
“Hay que pensar en que las personas que piden refugio vienen porque están huyendo, tienen temor por su vida, por su familia. Costa Rica lo que está haciendo es abrazando los principios internacionales y haciendo lo que es correcto”, afirmó la vicecanciller Aguilar.
La funcionaria aseveró que “los refugiados merecen la protección de su información sensible sean del país que sean”.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido de su país desde abril pasado, sobre todo hacia Costa Rica, debido a la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra Ortega.
El Gobierno costarricense ha informado de al menos 23.000 nicaragüenses que han hecho solicitudes de asilo en su país.
En un informe emitido este miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizó al Gobierno de Nicaragua de producir una “criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también ha sido descalificada por el Gobierno de Nicaragua debido a un informe con conclusiones similares en el que reportó 322 muertos, apoyó la denuncia de la Acnudh, que reporta 300 víctimas mortales producto de la represión gubernamental.
Organismos humanitarios locales estiman que entre 400 y 500 personas han desaparecido o fueron convertidos en “reos políticos” desde el estallido social de abril.
En Costa Rica, un país de 4,9 millones de habitantes, cerca del 8 por ciento de su población es inmigrante, la mayoría nicaragüenses que históricamente han huido en busca de trabajo, a lo que se han sumado miles en 2018 debido a la violenta crisis socio-política.