El PASO, TX.- Un tribunal de apelaciones determinó que la familia del joven mexicano Sergio Adrián Hernández, muerto en 2010 en la frontera con México, no tiene derecho a pedir una indemnización al agente de la patrulla fronteriza que le disparó.

El Tribunal de Apelaciones del Distrito Quinto, con sede en Nueva Orleans, emitió la sentencia.

La corte determinó que la familia no tiene derecho a acogerse a la Constitución para pedir una indemnización por la muerte de Hernández, quien falleció en el lado mexicano de la frontera por los disparos del agente fronterizo Jesús Mesa, que estaba en el lado estadounidense de la frontera.

“Porque Hernández era un ciudadano mexicano sin lazos con este país y porque su muerte ocurrió en territorio mexicano, la idea de que podría beneficiarse de algún derecho ‘constitucional’ plantea nuevas cuestiones controvertidas“, expresó el tribunal de apelaciones.

Los jueces, en su fallo, no evaluaron el comportamiento del agente fronterizo, sino si la Constitución estadounidense tiene validez en esa “tierra de nadie” de la frontera entre México y Estados Unidos, donde no existe una línea que pueda delimitar exactamente la jurisdicción de cada país.

Determinaron que, como no existe jurisprudencia sobre el alcance de la Constitución para ciudadanos extranjeros, la familia de Hernández no tiene derecho a demandar al agente fronterizo, que no ha sido juzgado por Estados Unidos ni extraditado a México para enfrentar allá cargos criminales.

En su escrito, los jueces reconstruyen lo que sucedió el 7 de junio de 2010, cuando Mesa mató de un disparo en la cabeza a Hernández, que entonces tenía 15 años y se encontraba en el “Puente Negro”, que une a la ciudad de El Paso (Texas) con la mexicana Ciudad Juárez.

Como recogen los magistrados en su escrito, existen dos versiones sobre la muerte de Hernández: la versión de EE.UU. que considera al joven un criminal y la historia de la familia, respaldada por México, y en la que se asegura que Hernández solo estaba jugando cuando le dispararon.

Desde el primer día, la familia asegura que el joven -conocido por sus allegados como “Keko”- no suponía ninguna amenaza para los agentes estadounidenses, iba desarmado y solo estaba jugando con unos amigos en el lecho seco del Río Bravo, que separa a los dos países y sobre el que se alza el “Puente Negro”.

Los chicos corrían hasta la valla metálica de Estados Unidos, la tocaban y volvían a toda velocidad hasta la parte mexicana.

Según la familia, cuando Hernández corría de vuelta a Ciudad Juárez, el agente Mesa le disparó desde el lado estadounidense de la frontera a aproximadamente 18 metros de distancia.

Lejos de esa versión, el Gobierno de Estados Unidos retrata a Hernández como parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera y que rodeó y atacó con piedras al agente Mesa, que disparó supuestamente para defenderse.

Un vídeo grabado con un teléfono y difundido poco después del suceso desmintió esa versión: mostró que Mesa no estaba rodeado y disparó contra Hernández varias veces, mientras el joven se asomaba desde detrás de una columna de cemento.

El caso ha influido en la relación entre EE.UU. y México, pues el Gobierno mexicano interpuso escritos en las cortes estadounidenses primero para pedir la extradición del agente fronterizo, algo que le fue negado, y luego para que la familia pudiera recibir una indemnización.

El Tribunal Supremo evaluó este caso en 2017 pero no emitió una sentencia, por lo que la familia tiene la opción de recurrir y volver a pedir una revisión.