DENVER, CO.- La construcción de un centro de detención para inmigrantes en el condado Uinta, en Wyoming, no requiere autorización del Gobierno estatal ya que no es considerada una cárcel, señaló hoy un portavoz.

“Los gobiernos locales, según los estatutos, pueden firmar contratos con empresas de cárceles privadas” y, por tanto, los centros de detención “no requieren aprobación del gobernador”, señaló a medios locales el director de Comunicaciones del Gobierno de Wyoming, David Bush.

En octubre pasado, la empresa Management Training Corporation (MTC) presentó un plan para construir un centro de detención en Evanston, ciudad de poco más de 12.000 personas localizada a 550 kilómetros al oeste de la capital estatal de Cheyenne y a 130 kilómetros de Salt Lake City, capital de Utah.

El proyecto pretende cubrir la necesidad del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de alojar a los indocumentados detenidos en el área de las Montañas Rocosas.

De acuerdo a datos del Departamento de Seguridad Interna, en los primeros nueve meses de este año 2.746 inmigrantes fueron detenidos en los estados de Colorado y Wyoming, que están bajo una sola jurisdicción de ICE. La cifra representa un aumento del 20 % con respecto al mismo período del año anterior.

Según la web de la compañía privada, el nuevo centro de detención tendría una capacidad de hasta 500 indocumentados, y emplearía a unos 150 personas.

Inicialmente, ni el gobernador estatal, Matt Mead, ni la legislatura fueron informados de las negociaciones que la ciudad de Evanston y el Condado Uinta entablaron con MTC para la construcción del centro de detención.

Sólo en junio pasado, cuando el concejo municipal local aprobó la propuesta de MTC, las autoridades estatales fueron notificadas. Luego, a mediados de octubre, se intensificaron las gestiones con ICE.

Si, como se espera, el proyecto de MTC es el único de los recibidos por ICE que cumple con el requisito, entonces ICE podría firmar un acuerdo intergubernamental directamente con el Condado Uinta para proveer el servicio de alojamiento de indocumentados, y a su vez el condado firmaría un contrato con MTC. Todo ello, sin la intervención del gobernador.

Sin embargo, el gobernador, el tesorero estatal, el auditor estatal, el superintendente de educación pública y el secretario de estado tienen potestad de revisar esos contratos.

Se espera que la decisión final sobre el proyecto en Evanston se conozca el mes próximo.