DENVER, CO.- El Condado Dakota, en Nebraska, solicitó formalmente hoy sumarse a un programa federal que, en su nueva versión, permite a carceleros desempeñarse como agentes de inmigración para determinar el estatus de los reclusos, informó la oficina del alguacil de esa jurisdicción.
De esta manera, el Condado Dakota es el primero en Nebraska y en la región en solicitar su participación en la nueva versión del programa 287(g), del que también buscan participar otras 25 agencias en otros sectores del país, para que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) entrene a carceleros en algunas tareas específicas.
Al explicar ante los medios locales su decisión de ser parte del programa 287(g), el alguacil Chris Kleinberg indicó que “poco cambiará” en el Condado Dakota a partir del 14 de noviembre, cuando, según se anticipa, ICE responderá favorablemente al pedido.
El alguacil enfatizó que, al contrario de lo que antes sucedía con el mencionado programa, en este caso no habrá policías o patrulleros, sino sólo guardias de cárceles verificando el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.
Por eso, dijo, la cooperación con ICE no se relaciona con detener un vehículo por una infracción de tránsito ni con el origen étnico de una persona, sino con contar con algunos alguaciles “que sepan lo que tienen y lo que no tienen que hacer” con respecto a inmigración cuando llega un detenido a la cárcel local.
En el Dakota County Corrections (Correccional del Condado Dakota), según estadísticas oficiales, se alojan actualmente casi 100 reclusos, aunque en 2000 eran poco más de 20.
Ese aumento sucedió a pesar de que la población del condado se mantiene relativamente estable (unas 21.000 personas) desde 1990.
Para el alguacil Kleinberg, colaborar con ICE facilitará la investigación de crímenes.
“Eso es lo que hacemos. Ese es nuestro trabajo”, puntualizó.
Sin embargo, la filial local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió en un comunicado de prensa que, incluso con las nuevas restricciones, el programa 287(g) podría ser usado en la cárcel del Condado Dakota para verificar la situación inmigratoria incluso de aquellos acusados de infracciones menores.
Rose Godinez, abogada de ACLU, indicó que esa situación podría a su vez llevar a decisiones potencialmente racistas por parte de los carceleros.
“La comunidad perderá la confianza en las fuerzas del orden”, auguró la abogada.
La preocupación surge porque Kleinberg afirmó que la colaboración con ICE generaría fondos para el condado, ya que ICE podría usar las 35 celdas de la cárcel local que habitualmente están vacías para alojar indocumentados.
El programa 287(g) es una sección de la ley de inmigración vigente desde 1996, que permite a los gobiernos locales recibir fondos federales para entrenar a agentes para llevar a cabo funciones migratorias, como verificar el estatus legal de los detenidos y entregarlos al ICE en caso de que sean indocumentados.
60 jurisdicciones del país ya cooperan con ICE, la tercera parte de ellas en el estado de Texas.