CHICAGO, IL.- La presidenta de la Junta de Comisionados del condado de Cook (el mayor de Illinois), Toni Preckwinkle, pidió hoy al Gobierno que retire a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de las cortes porque pueden convertirse en una amenaza para la seguridad pública.

En un bando dirigido al presidente Donald Trump y el Congreso, Preckwinkle señaló que los juzgados deben ser designados como “lugares sensibles”, al igual que escuelas, hospitales y templos religiosos, que están fuera del alcance de los agentes de ICE según una directriz de la propia agencia federal.

“La presencia de agentes de inmigración puede desalentar la cooperación de los inmigrantes como testigos, su presencia en juicios o su vinculación con las fuerzas policiales”, expresó.

“La falta de participación de los individuos es una amenaza a la seguridad pública de todos los residentes del condado”, que es el principal de Illinois y donde se asienta Chicago, agregó Preckwinkle.

Cook fue uno de los primeros condados del país que dejó de colaborar con los pedidos de ICE para mantener retenidos a indocumentados una vez cumplidas sus penas sin una orden judicial, y en ofrecer protección a los sin papeles, antes de que todo el estado de Illinois se convirtiera en santuario el año pasado.

Según una directiva reciente, firmada por el director interino de ICE, Thomas Homan, sus agentes están autorizados a actuar en las cortes federales, estatales y locales en busca de inmigrantes que puedan ser una amenaza a la seguridad pública.

Entre ellos, personas condenadas por crímenes, pandilleros o simplemente inmigrantes con órdenes pendientes de deportación.

La directiva recomienda evitar la detención de familiares, amigos y testigos, así como no actuar en las cortes de familia o de pequeños reclamos, pero deja espacio para “circunstancias especiales” o casos autorizados por un supervisor.

Homan justificó la ampliación del radio de acción de los agentes de ICE por lo que considera “falta de colaboración creciente” de las llamadas “ciudades santuario”, donde sus autoridades se niegan a colaborar en programas voluntarios en materia migratoria, de competencia federal.

Según Preckwinkle, “nadie debería engañarse con esta medida de la Administración Trump, que solamente busca intimidar a las comunidades inmigrantes, para obligar a la gente a regresar a las sombras”.

Exhortó a preservar la integridad del sistema judicial del condado, convirtiéndolo en un lugar donde “todas las personas sientan que pueden confiar y colaborar con las autoridades locales”.