San Diego, CA.-  El Gobierno de EE.UU. termina el año con la tarea pendiente de reunir con sus familias a todos los niños migrantes que fueron separados en la frontera, que según los últimos datos fueron 2.816, en medio de un alto en el proceso legal abierto por dicha separación debido al cierre parcial del Gobierno.

El juez Dana Sabraw, quien preside en una corte del sur de California el litigio colectivo presentado en nombre de las familias afectadas por la separación, accedió hoy a una petición de los abogados del Departamento de Justicia para aplazar los plazos relacionados con el caso “hasta nuevo aviso”.

La entrega por parte del Gobierno de los reportes sobre el avance del proceso de reunificación familiar, que normalmente se presentaban cada dos semanas, también quedó aplazada hasta que se resuelva el tema presupuestario en el Congreso.

“Los abogados del Departamento de Justicia tienen prohibido trabajar, inclusive de forma voluntaria”, recalcó el equipo legal de la Administración federal al solicitar el aplazamiento.

Las críticas entre los contrarios a la separación de familias de migrantes no se hicieron esperar.

Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, lamentó que el cierre parcial del Gobierno debido a la falta de fondos para su funcionamiento por la insistencia del presidente Donald Trump en obtener financiamiento para el muro fronterizo tenga impacto en este proceso.

“Es el colmo que bajo estas circunstancias tampoco trabajen los abogados para buscar cómo reunificar a los menores, y para mí esto representa que por un capricho de Donald Trump salen afectadas estas personas que siguen separadas de sus padres”, dijo a Efe.

La implementación de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración irregular por parte del Gobierno de Trump derivó este año en la separación de miles de familias que llegaron a la frontera sur, principalmente en búsqueda de asilo político.

A fin de junio, el juez Sabraw ordenó la reunificación de todos los menores que se vieron afectados por esta medida que calificó de “brutal, ofensiva y no concordante con las nociones tradicionales de juego limpio y decencia”.

En primera instancia se identificó que 2.654 niños fueron separados de sus padres, pero en un reporte presentado por el Gobierno a mediados de diciembre dicho número aumentó a 2.816.

El cambio se debió a ajustes en las categorías aplicadas a los niños. Los abogados que defienden al Gobierno se comprometieron a detallar dichos casos en el próximo informe, que antes del aplazamiento estaba contemplado para mediados de enero.

Según la información disponible, quedarían menos de dos centenares de niños separados cuyo destino está por determinarse.

La Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) mantiene bajo su cuidado en espera de reunificación a 10 menores de edad, dos de ellos con padres que ya no se encuentran en el país.

Pero además tiene la custodia de 151 niños cuyos padres no forman parte de la demanda colectiva y que serían entregados a otro familiar o tutor, según un reporte presentado al tribunal.

De dicho grupo, los progenitores de 84 niños fueron deportados a su país de origen y han notificado al Gobierno de Estados Unidos que renuncian a su derecho de reunificación. Otros 11 padres han hecho lo mismo, aunque estos sí se encuentran en el país.

En el caso de 28 niños se encontró que no fueron separados de sus padres por agentes migratorios y otros 28 menores son de padres que fueron catalogados como un riesgo para su bienestar.

Los abogados de las familias, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han solicitado que se desarrolle una base de datos para rastrear “futuras separaciones”.

Dicha petición responde a reportes de prensa y de oficinas legales que señalan que hay familias que continúan siendo separadas en la frontera pese a la orden judicial emitida en junio de cesar esa práctica.

“Los demandantes han pedido al Gobierno una lista de los padres separados de sus hijos después del 26 de junio, junto con la razón por la cual fueron separados”, recalcan los abogados de ACLU que esperan dicha información para el próximo informe.