SAN DIEGO, CA.- Varios cientos de personas manifestaron ayer su rechazo a la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, en una protesta realizada en el centro de San Diego, en el sur de California.

La marcha, organizada por una coalición de 30 organizaciones a favor de los inmigrantes, pidió el fin de la política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal, que criminaliza a los indocumentados aprehendidos en la frontera y obliga a la separación de familias.

Muchos de los participantes, entre ellos varios religiosos y niños, pidieron además la abolición de ICE durante la marcha, que se inició en el histórico Parque Chicano y concluyó en la sede local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde han bloqueado el acceso encadenándose entre ellos en señal de protesta.

Asimismo, a unos pasos de ahí, otro contingente obstaculizó la entrada hacia la sede de la corte federal, la misma en la que “(El fiscal general Jeff) Sessions quiere enjuiciar a miles de migrantes”, según exclamaron los manifestantes.

Entre consignas, carteles, canciones y hasta creaciones artísticas, los activistas lamentaron que la actual administración continúe criminalizando a los inmigrantes y atenten contra su derecho al debido proceso.

Un grupo de diez manifestantes fueron detenidos tras colocar desde lo alto de un hotel, vecino a la sede de la corte federal, una gran tela que tenía escrito el mensaje “Liberen a Nuestras Familias Ahora”.

La movilización se realizó en víspera de la posible implementación en tribunales locales de la denominada “operación streamline”, mediante la cual se enjuicia y condena a grandes grupos de indocumentados en vez de audiencias individuales.

Este tipo de juicios grupales se han llevado a cabo de manera esporádica desde 2005 en estados como Texas y Arizona, pero a partir de la próxima semana podrían empezar a ser implementadas en esta ciudad.

“Va a ser muy difícil poder pararlo aquí en San Diego”, reconoce Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos, sobre la inminente puesta en marcha de la “operación streamline”. “Va a depender mucho en cómo los jueces y abogados se opongan a la implementación de este programa”, añadió.

Los manifestantes apelan a las movilizaciones sociales para lograr medidas a favor de los indocumentados, medidas como la paralización de la separación de familias migrantes en la frontera sur, tal como lo ordenó recientemente Trump.

“Si la gente ahorita está enojada de que los niños estén en las cárceles, les tiene que importar también dónde están los papás, dónde están los tíos, dónde están los camaradas con los que vinieron a pedir ayuda en la frontera”, consideró Alejandra Pablos, integrante de la organización Mijente.

“Nos quieren poner el miedo, pero el miedo lo vamos a usar para organizarnos y resistir”, agregó la activista de Arizona.