MÉXICO.- La madrugada del 2 de junio pasado Américo Chacón agarró sus documentos, unas pocas pertenencias y salió de Laguna Larga; desde entonces, tanto él como el resto de habitantes de esa comunidad guatemalteca permanecen en la frontera con México esperando que les devuelvan el terreno del que fueron desplazados.

En casas de campaña improvisadas, cubiertas con lonas o con palma para protegerse del sol y las lluvias, cerca de 450 personas del Petén, norte de Guatemala, llevan dos meses sin saber si podrán regresar a su hogar.

Acusados de estar en un área protegida, pese a que en el momento de su asentamiento contaron con el permiso de las autoridades, los habitantes de Laguna Larga, quienes se dedican a la agricultura, fueron desalojados por orden de un juez y, posteriormente, sus viviendas fueron quemadas por militares.

Ahora, en la línea fronteriza, a tres kilómetros de su comunidad, esperan que se resuelva un amparo que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

“Pensábamos que no iba a tardar mucho, pero está muy lento, no han solucionado nada”, afirma a Efe Américo, de 48 años y padre de ocho hijos.

El campesino señala que el tiempo que han pasado en la línea, que da en el lado mexicano con el municipio de Candelaria (estado de Campeche), ha jugado en su contra: “La cosecha que tenemos ya está perdiéndose, no tenemos a qué echar mano”.

Los guatemaltecos han agotado los pocos recursos con los que salieron de su comunidad, por lo que dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria que les proporcionan organizaciones civiles y el Gobierno mexicano por parte del llamado Grupo Beta, que depende del Instituto Nacional de Migración (INM).

La pasada semana, un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encabezado por el relator para Guatemala, Luis Vargas, visitó el campamento, donde escuchó los testimonios de los campesinos.

“El motivo de habernos asentado en la línea es que ya hemos visto en nuestro país que a las personas a las que han sacado así como a nosotros las dejan en la calle; las tienen ocho días en un albergue y los botan. Eso no es lo que queríamos nosotros”, argumenta Américo.

En estas semanas, en el campamento han surgido enfermedades como diarreas y gripes, que afectan especialmente a las decenas de niños de la comunidad, pero “ya se están controlando”, apunta.

Los habitantes de Laguna Larga llegaron a ese territorio en el año 2000, y en su momento obtuvieron el reconocimiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y el aval del Gobierno para su escuela.

Se asentaron en lo que la legislación de áreas protegidas en Guatemala denomina “zona de usos múltiples”, donde sí se permiten los asentamientos humanos, explica Enrique Vidal, de la ONG Voces Mesoamericanas, una de las que están proporcionando asistencia a los campesinos.

El activista comenta que, en reuniones de renegociación, el Gobierno guatemalteco ha ofrecido a la comunidad la reubicación en otro punto alejado del departamento de Petén.

Es una posibilidad que no queda descartada del todo, aunque “por la experiencia que hemos tenido en otros desalojos, las reubicaciones nunca son favorables para la comunidad, porque les dan tierras áridas, infértiles, y la comunidad acaba desapareciendo prácticamente”.

Américo expresa su deseo de volver a Laguna Larga, donde ya están adaptados y se sienten “seguros” de que van a poder vivir “tranquila y honestamente”, gracias a su tierra, “que es buena para producir, que produce el frijolito, el maicito”.

Si en la sentencia judicial no les dan la razón, Américo se muestra favorable a pedir el asilo en México y, como “la mayoría” de compañeros, se lo está planteando tras ver cómo les ha tratado el Gobierno de su país.

De una forma o de otra, además del regreso, buscan que les compensen por los daños causados a su comunidad una vez salieron.

“Realmente nos ha costado hacer nuestras casitas para vivir mejor, y que en dos días hayan destruido eso, lo que ha costado 17 años, no tiene caso”, subraya el campesino.