LOS ÁNGELES, CA.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se ha negado en los últimos meses a trasladar a California a ciertos sospechosos buscados por crímenes como agresión sexual o posesión de drogas, por tratarse de un “estado santuario”.

Según informó hoy el diario Los Angeles Times, esta ha sido la respuesta de las autoridades federales a la aprobación de la ley de “estado santuario” en California, que limita la cooperación policial en delitos relacionados con la inmigración.

El nuevo enfoque rompe los protocolos de custodia policial establecidos. Durante años, los sospechosos encontrados por agentes de inmigración, ya sea a lo largo de la frontera o en los puertos de entrada al país, se han venido transfiriendo rutinariamente a las agencias estatales.

Ahora, explicó el rotativo, las autoridades federales están deportando a algunos sospechosos a México o acusándolos de delitos relacionados con la inmigración, lo que los coloca bajo custodia federal.

Las autoridades federales sostienen que la ley de California SB54, aprobada en 2017, impide que los sospechosos sean transferidos nuevamente a su custodia después de que se resuelvan sus casos estatales.

“Bajo las restricciones de esta ley, si la CBP pone en libertad bajo fianza a un extranjero bajo la custodia de una agencia de aplicación de la ley en California para enjuiciamiento criminal, la ley estatal inhibe activamente el tipo de cooperación necesaria para que (la agencia de aduanas) recupere la custodia”, dijo Todd Hoffman, director ejecutivo de esa institución.

Por su parte, los funcionarios estatales defienden que la ley no impide la cooperación con las autoridades en casos que involucran a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves.

El diario indica que las cifras exactas no están disponibles porque las autoridades no revelaron cuántas órdenes se han rechazado, pero los detalles de algunos casos han surgido en declaraciones judiciales y de funcionarios federales de inmigración.

Oficialmente denominada como Acta de Valores de California, la llamada “ley santuario” prohíbe a las autoridades locales hacer cumplir las leyes federales de inmigración, de modo que no pueden preguntar sobre el estado de inmigración de una persona o solicitar información personal.

En cambio, pueden notificar a los agentes de inmigración federales sobre la liberación de un recluso de la cárcel del condado si la información ya está disponible para el público o si la persona ha sido condenada por cualquiera de los 800 delitos especificados, entre ellos, delitos graves o violentos, violencia doméstica y delitos sexuales.

La medida también permite a los agentes federales trabajar con funcionarios de prisiones estatales en deportaciones.