PORTLAND, OR.- El grupo conservador Oregonianos para la Reforma de Inmigración comenzó a mover su campaña para sacar adelante su intención de abolir la ley de “ciudad santuario” de Oregón, tras ser aceptada esta iniciativa para su votación en las elecciones del 6 de noviembre.

La iniciativa, denominada IP 22, se aceptó gracias a una tasa de verificación del 86.2 por ciento. Esa tasa significa que la medida alcanzó el umbral requerido de 88.184 firmas válidas, aportando otras 7.500 extra.

Jim Ludwack, cofundador de Oregonianos para la Reforma de Inmigración de Oregón (OFIR), comentó a Efe que “la gente de Oregón está unida en la idea de ser protegida contra los criminales que vienen ilegalmente”.

“Ahora es el momento de frenar la delincuencia y hacer de una vez por todas que el gobierno se ocupe del bienestar de los americanos y los proteja de verdad. No queremos más asesinos en Oregón”, sostuvo. Ludwack también dijo que “tenemos actualmente casi 200 asesinos que entraron ilegalmente en las cárceles de Oregón, sin contar los que cometieron crímenes aquí y que cumplen condenas en cárceles federales” y que esto supone “un coste financiero y sobre todo un coste enorme para nuestra sociedad”.

La campaña plantea un giro para la ley “santuario” de ciudades y condados liberales de todo el país.

El estado de Oregón promulgó la primera ley de “santuario” en 1987. Actualmente es el único estado en votar sobre el tema este año, después de un esfuerzo para su derogación en California, que no pudo clasificarse para la votación.

“Tenemos la certeza de que obtendremos la mayoría absoluta de votos, y aunque ahora toda la prensa se va a volcar contra nosotros, vamos a luchar y esperamos conseguir el mismo resultado que alcanzamos en el 2014 con la ley que prohibía sacar el carnet de conducir en Oregón a las personas no documentadas”, dijo Ludwack.

La iniciativa de OFIR se suma a las realizadas por la Administración del presidente Donald Trump contra las denominadas “ciudades santuario”, jurisdicciones que rechazan colaborar en la aplicación de leyes migratorias, que son de competencia federal.

El fiscal general del estado, Jeff Sessions, presentó una demanda contra el estado de California por la entrada en vigor de la ley SB 54, que convirtió en enero pasado al estado en un santuario de inmigrantes y limitó la cooperación de las autoridades locales con los agentes de inmigración.