TAPACHULA, MÉXICO.- Los albergues mexicanos destinados a los migrantes centroamericanos afrontan cada vez mayores problemas por la falta de recursos, las aglomeraciones y el aumento de los casos de delincuencia.
Con la llegada al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, se suponía que el flujo migratorio iba a descender por el miedo al endurecimiento de las políticas migratorias, pero ello no sucedió, afirma en entrevista con Efe Olga Sánchez, fundadora del albergue El Buen Pastor en la sureña ciudad de Tapachula.
El migrante -argumenta- se quedó en Tapachula (ciudad muy cercana a la frontera con Guatemala) o en otros lugares de México, lo que afecta a la capacidad de “todos los albergues”, explica la activista, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2004.
De acuerdo con datos oficiales, México, un país tradicionalmente de paso para los migrantes centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos, se ha consolidado en los últimos años como un país de destino.
Durante 2017, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registró 14.596 solicitudes, lo que supone un 66 % más respecto a 2016.
El albergue de Sánchez, que abrió en la década de 1990, es uno de los más grandes de la frontera sur. Al mes recibe aproximadamente de 350 a 450 personas, aunque las cifras pueden variar.
Por ejemplo, en los días previos a que arrancara en Tapachula la última caravana migrante, a finales de marzo, en las habitaciones del albergue se acumulaban simultáneamente unas 160 personas.
Sánchez destaca que desde los albergues están “luchando mucho contra la delincuencia”, por la presencia de los traficantes de personas.
Los “mismos polleros (como se conoce a los traficantes) se conocen los albergues y traen diez (personas), y ahí viene el pollero dentro de ellos; los dejan y se van”, asevera.
De esta forma, los traficantes, que “vienen manejando mucho dinero”, se “ahorran” buscar un lugar para que los migrantes pasen la noche, y pasan por ellos al día siguiente.
“Otros a veces se meten aquí adentro. Los mexicanos polleros se meten y se quedan como albergados; y son mexicanos, pero presentan una cartilla guatemalteca”, continúa la activista.
La trata de personas es otro de los problemas que están en auge entre la población migrante, y que afecta especialmente al colectivo LGBT.
Recientemente, agrega la directora del albergue, recibieron a unas cinco personas que estaban afanadas en “mejorar su rostro, su cuerpo”, y cuando el personal empezó a indagar, les dijeron que en redes sociales habían visto un trabajo en el que solicitaban “que tuvieran una buena figura”.
Estos aspectos ya son identificados por el albergue como un patrón, por lo que advierten a los migrantes que están en riesgo de ser víctimas de un delito.
“Ellos ven la manera de regresar, porque les decepcionan, es una gran mentira”, explica Sánchez, quien argumenta que realmente a los migrantes “no los quieren para trabajar”, sino para robarles y matarlos.
Pese a haber sido merecedora del máximo reconocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Sánchez no se ha librado de las dificultades económicas que azotan a todos los albergues de migrantes.
El pasado mes de octubre, el centro se vio obligado a cerrar sus puertas “de manera indefinida” -situación que finalmente se extendió durante tres meses- debido a, entre otros factores, una deuda de luz que ascendía a más de 60.000 pesos (unos 3.000 dólares) y el cierre por parte del Gobierno federal de una tienda que constituía una de sus fuentes de ingreso.
Sánchez relata que en estos momentos los trabajadores están “dándole duro a la chamba” (el trabajo), y se mueven vendiendo panes y dulces porque, en cuanto a la ayuda oficial, no están recibiendo “nada de nadie”.
El actual proceso electoral, que culminará con las elecciones del próximo 1 de julio, cuando se elija al próximo presidente del país, “afecta mucho”, porque las autoridades “dejan de apoyar”.
“Todo está estancado, a nadie le interesa la migración, sobre todo los albergues de migrantes no les interesan”, concluye la activista.