MIAMI.- Julián Marulanda, exsecretario general de la unidad encargada en Colombia de proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos, rompió un silencio de tres años desde que se asiló en EE.UU. para ofrecer su colaboración a la Fiscalía para acabar con la impunidad en un caso de corrupción.

En una entrevista con Efe, Marulanda, que no está prófugo de la justicia colombiana, aseguró que no tuvo nada que ver con el escándalo que estalló en el 2014 en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que se considera un chivo expiatorio.

En virtud de las acusaciones hechas contra él por Andrés Villamizar, que era el director de la unidad en 2014, Marulanda es el único procesado del desfalco millonario de la UNP, que consistió básicamente en sobrefacturación y compras innecesarias, incluidas armas y munición, según la Contraloría General.

“Los sindicatos de la UNP tenían todo listo (en 2014) para hacer la denuncia sobre todo el andamiaje de corrupción que se había montado en la UNP, pero el director (Villamizar) se enteró y movió rápidamente sus influencias políticas en la Fiscalía. Luego salió a los medios a denunciar con mentiras”, señaló Marulanda.

El ex “número dos” de la UNP, que goza de asilo político en Estados Unidos, le dijo a Efe que tuvo que salir de Colombia ante las amenazas y la persecución contra él y su familia.

Por todo ello y porque le “arruinaron” la vida, Marulanda piensa llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una vez avance el juicio contra él en Colombia.

“En julio de 2015 la Contraloría hizo público un gran informe sobre lo que estaba pasando en la UNP y encontró más de 70 hallazgos fiscales que revelaron un detrimento patrimonial por 14.000 millones de pesos (4,5 millones de dólares al cambio actual)”, señaló.

Sin embargo, agrega, “hubo otras irregularidades que podrían ascender los montos del escándalo a más de 50.000 millones de pesos (unos 18 millones de dólares), pero la Fiscalía nunca movió la compulsa de copia (el expediente) que le hizo la Contraloría”.

En ese informe de la Contraloría, según comprobó Efe, aparece que la UNP adquirió 1.669 pistolas y más de 138.000 cartuchos cuando la plantilla de escoltas de la unidad apenas era de 400.

El ente fiscal también descubrió que la UNP no tenía un indicador que pudiera medir cuantos protegidos tenía realmente y que esa carencia afectaba su gestión.

Marulanda señaló también que en 2014 el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía aseguró que había una banda de corrupción en la UNP y que tenía suficiente evidencia para poder someter a la justicia a sus integrantes.

Tres años después no hay un solo capturado de la presunta banda, dice Marulanda, quien le ofrece al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, colaborar con la justicia.

Ese ofrecimiento está incluido en una solicitud que Marulanda acaba de dirigir a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General para obtener información acerca de cómo avanzan las investigaciones sobre el caso.

“Entregaré documentos y evidencias de la corrupción en 2014, ya que la Fiscalía General no ha dado resultados serios y eficaces de cara al país”, subraya.

Marulanda aseguró que en 2014 varios periodistas y líderes sociales, que habían solicitado la protección de la UNP fueron asesinados, como Luis Carlos Cervantes, que trabajaba en una radio y era corresponsal de una televisión regional en el municipio de Taraza (Antioquía, centro-oeste de Colombia).

“Fue algo muy grave donde se perdieron varias vidas, además de miles de millones de pesos, todo sigue en la impunidad y a nadie parece importarle esas vidas”, asegura.

El exsecretario agregó que los medios de comunicación en Colombia lo condenaron como si fueran jueces y lo pusieron en la picota pública.

“Arruinaron mi vida y mi reputación, por eso soy el único interesado en que avancen las investigaciones”, aseguró Marulanda.

Marulanda asegura que a menos de un año de las elecciones presidenciales en Colombia y en medio del proceso de paz alcanzado entre el gobierno y las FARC combatir la corrupción debe ser la principal plataforma de campaña de todos los candidatos.

“Ningún candidato puede tener como asesor a un funcionario inmoral y mentiroso”, agregó.