HOUSTON, TX.- La filial en Texas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) anunció que ha solicitado a los alguaciles de siete condados del estado los archivos del programa federal 287(g), que permite una colaboración entre agentes locales y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

La solicitud, enviada a través de la Freedom of Information Act (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) busca conocer de cerca los pormenores de los acuerdos con los gobiernos de los condados Burnet, Kendall, Nueces, Potter, Rockwall, Terrell y Williamson.

Según Astrid Domínguez, estratega política de ACLU en Texas, la intención de esa organización cívica es asegurar que los acuerdos sean legítimos y de carácter público, y que la seguridad de las comunidades a las que sirven haya sido tomadas como prioridad.

“Participar en el 287(g) es un gasto fiscal mayúsculo que desvía los escasos recursos locales de la seguridad pública a las agencias federales de inmigración”, dijo Domínguez en entrevista con Efe.

“Su misión principal es servir a sus comunidades, no facilitarle el trabajo a inmigración”, matizó la activista.

“Además, aumenta la desconfianza por parte de la comunidad con respecto a las fuerzas del orden local y expone a los condados a futuros litigios legales en el supuesto de que surjan casos de discriminación por perfil racial”, agregó.

Domínguez insiste en que los acuerdos y toda la información relacionada no debe ser secreta para las comunidades a las que va a impactar.

Por tal motivo, indicó, es que han pedido una reunión con cada uno de los alguaciles que buscan implementar el 287 (g).

“Tanto el presidente Donald Trump, como el fiscal general, Jeff Sessions, y el gobernador de Texas, Greg Abott, intentan despistar a las comunidades del estado al someter sus recursos, tiempo y personal a favor del gobierno federal. Es indignante que ellos formen parte de esta maquinaria de deportación”, subrayó Domínguez.

De acuerdo con las solicitudes enviadas a los mencionados condados, ACLU señala que, por ejemplo, Burnet y Williamson, ubicados en la parte central de Texas, no han contestado a sus pedidos por escrito diez días después de recibida la petición como lo señala la ley.

Según ACLU, la solicitud inicial fue enviada a esos condados en octubre y aunque existe una segunda instancia para que la petición sea revisada por la Fiscalía General de Texas, ambos condados no han dado a conocer ni siquiera esa decisión.

Dentro de la lista de pedidos que hace ACLU de Texas a los condados, están los documentos que señalen cuáles serán los criterios a seguir por los efectivos del orden local cuando el conductor de un vehículo no presente una licencia válida.

También han solicitado los reportes de detenciones o arrestos realizados por las fuerzas del orden de esos condados a conductores que no portaban un documento de identidad válido.

Según cifras de ICE, en Texas existen 18 agencias del orden que colaboran bajo el programa 287(g), pero el número podría llegar a 25 de sumarse las otras siete.