Phoenix, AZ.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió este jueves a la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, que se investigue las detenciones “ilegales” de indocumentados en la frontera sur hechas por grupos civiles armados.

Por medio de una carta enviada con copia al fiscal general, Héctor Balderas, ACLU indicó que el pasado 16 de abril “una organización de milicias fascistas y armadas”, conocidos como Patriotas Constitucionales de Estados Unidos, arrestaron en la ciudad de Sunland Park a casi trescientas personas, incluidos menores, que buscaban “seguridad” en el país.

El documento alude a videos difundidos en redes sociales por el integrante del grupo Jim Benvie y que muestran los arrestos realizados por los miembros de la organización, quienes “no son agentes de la Policía ni de la ley y no tienen ninguna autoridad bajo la ley federal o de Nuevo México” para realizar esta labor, de acuerdo a ACLU.

“Sus acciones socavan los esfuerzos legítimos de los funcionarios estatales para mantener a las familias de Nuevo México a salvo y erosionan la confianza de la comunidad”, indica la organización.

Los llamados Patriotas Constitucionales es un pequeño grupo armado compuesto principalmente por veteranos y que para “mantener la frontera segura” desde hace un mes mantiene un campamento cerca de Sunland Park, vecina de la tejana El Paso.

El grupo estableció su campamento cerca de la valla fronteriza y su líder, John Horton, quien se define como comandante del grupo, ha indicado a medios locales que EEUU se ha construido sobre tres pilares: “Dios, armas y agallas”.

Horton dice que portan armas para defensa personal, dado que se viven tiempos de “mucho peligro” en la frontera sur del país y la “bandera estadounidense tiene que seguir volando”.

“No queremos Rambos, no queremos a alguien aquí solo para crear un problema, estamos armados para nuestra propia protección”, precisó.

Mencionó que el grupo, que se encuentra asentado en una esquina en la que convergen El Paso y la mexicana Ciudad Juárez, únicamente se encarga de alertar a los agentes de la Patrulla Fronteriza cuando se encuentra con solicitantes de asilo o inmigrantes indocumentados.

Pero ACLU de Nuevo México opina que estos grupos, lejos de ser organizaciones de autodefensa y de apoyo a las autoridades migratorias, son “milicias racistas” que atentan contra la ley y la seguridad de los inmigrantes que buscan una mejor vida en Estados Unidos.

“El vil racismo de la administración Trump ha alentado nacionalistas y fascistas blancos a violar flagrantemente la ley. Esto no tiene cabida en nuestro estado”, indica la carta en la que la organización pide a las autoridades “se investigue esta conducta atroz e ilegal”.