LOS ÁNGELES, CA. – La filial californiana de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció que las autoridades del Condado de Orange, en California, negaron a inmigrantes retenidos el acceso a documentos personales que les ayudarían en sus peticiones de asilo político.

La organización envió una carta al Departamento del Alguacil del Condado de Orange (OCSD), encargado de operar los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde se recibieron las quejas de los abusos.

“La continua negativa del Departamento del Alguacil del Condado de Orange de proporcionar acceso a documentos importantes niega a los detenidos de inmigración su derecho fundamental a impugnar adecuadamente sus casos de deportación”, dijo a Efe Sameer Ahmed, abogado de ACLU.

El documento dirigido a Sandra Hutchens, jefa del OCSD y los directivos de ICE en el Condado de Orange, cita varios casos de inmigrantes perjudicados por esta política de retención de documentos personales.

Una de las afectadas es la hondureña Jessica Reyes-Zambrano, que en el momento de su detención tenía una lista con información de contactos cruciales para demostrar que tenía un caso solido de asilo político, pero se le denegó la posibilidad de acceder al documento que se hallaba entre sus artículos personales.

La inmigrante no pudo demostrar que su petición tenía mérito y fue deportada, la misma suerte que tuvo un guatemalteco que tampoco no recuperó sus pertenencias hasta ser expulsado del país.

OCSD tampoco dio acceso a los documentos personales que tenía un centroamericano solicitante de asilo político, entre ellos el certificado de defunción de un familiar que servía como prueba para sustentar su caso.

ACLU también denunció que los agentes negaron a los detenidos el acceso a sus récords médicos que servirían como prueba para sus casos e incluso para sustentar solicitudes de fianza. Según las denuncias de los inmigrantes, los oficiales advirtieron que solo entregaban estos documentos al abogado del detenido.

Ahmed advirtió que esta practica estaría violando los estándares de detención del ICE, además que muchos de los inmigrantes no tienen acceso a un abogado.

ACLU espera recibir de las autoridades una respuesta antes del próximo 20 de septiembre.