LOS ÁNGELES, CA.- Los centroamericanos representan más de la mitad de los casos pendientes por resolver en las cortes de inmigración del país y esa demora de años puede provocar que sus casos sean rechazados ahora que Donald Trump quiere endurecer las condiciones de asilo y acelerar las deportaciones.

La zozobra de esta espera la está padeciendo el migueleño Raúl López. El inmigrante dejó El Salvador a finales de 2014 y logró ingresar a Estados Unidos por Texas, donde fue arrestado por la Patrulla Fronteriza.

Posteriormente su caso fue trasladado a California, y en su primera corte se presentó sin abogado, por lo que el juez le dio la oportunidad de regresar seis meses después con un representante legal. Aunque el inmigrante ganó tiempo, ahora tendrá que esperar hasta finales de 2018 para presentar su caso.

“La última vez que fui donde el abogado me dijo que había que esperar, pero que con Trump los jueces y los fiscales ahora estaban más severos, y que de repente perdí una oportunidad en 2016”, lamenta López en declaraciones a Efe.

Otros que también se encuentran luchando en medio del embudo de expedientes son los menores de edad que esperan a resolver su situación.

Cerca de 250.000 procesos de niños y jóvenes están en las cortes, y los menores guatemaltecos lideran la lista con 81.201 casos, seguidos por los salvadoreños, con 70.913, y los hondureños, con 61.550, según el último informe de TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

Uno de los afectados es el salvadoreño Pablo Aguilar, que desde que llegó a los 14 años aguarda a que un juez de inmigración resuelva su caso.

El joven tuvo que permanecer más de dos años y medio en ocho diferentes centros de detención hasta que fue liberado y entregado a su madre en Los Ángeles.

Para Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), el atasco en las cortes podría provocar que un gran número de casos sean negados, especialmente con los nuevos planes del fiscal general, Jeff Sessions.

El responsable del Departamento de Justicia pidió al Congreso que endurezca las normas para las personas que buscan asilo porque el sistema actual, a su juicio, está lleno de “abuso y fraude desenfrenado”.

“Los jueces y los fiscales no van a querer escuchar los casos, va a ser muy complicado y nosotros no tenemos recursos para pelear por todas estas personas”, asegura Tejada.

Según TRAC, los tribunales de inmigración atienden cerca de 596.000 casos, de los cuales 324.000 pertenecen a inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras, el 54 % del total.

La lista por nacionalidad la encabezan los salvadoreños con 133.740 casos y, por primera vez desde que se llevan estadísticas, los cuzcatlecos superaron a los mexicanos (126.947 casos).

“En estos números estamos viendo reflejado la ola de inmigrantes centroamericanos que llegaron en los últimos cinco años y que fueron detenidos en la frontera o sencillamente se entregaron esperando arreglar su situación migratoria”, señala el abogado de inmigración Fernando Romo.

El experto asegura que uno de los mayores problemas que enfrentan estos centroamericanos es que la vigencia de las pruebas para una petición de asilo político o refugio se puede perder ante la larga espera.

El abogado asegura que algunos de los casos de salvadoreños que sometió a comienzos de 2017 tienen que esperar hasta 2019 para asistir a la corte.

“Los que tienen permiso de trabajo no tienen mayor problema, aquellos que no lo tienen enfrentan problemas”, indica Romo.

Salvador Sanabria, director del grupo El Rescate, ve por su parte aún más sombrío el panorama para los centroamericanos en las cortes si a principios del próximo año la administración Trump decide no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que cobija a miles salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.

“Entonces los centroamericanos van a ser más del 80 % de los casos que se peleen en las cortes, es la comunidad más vulnerable en este momento”, anticipa.

Con todo, Sanabria no cree que la inmigración “imparable” desde Centroamérica vaya a detenerse a pesar de los “obstáculos” de la actual Administración, aunque se han reducido un 24 % en el último año, pues la situación en estos países está “empeorando y obligando a los más indefensos a migrar”.