WASHINGTON.- Unos 64.000 jóvenes inmigrantes, conocidos como “soñadores” (dreamers), presentaron solicitudes para renovar su inscripción al programa de alivio migratorio DACA desde que el presidente, Donald Trump, anunciara su fin el pasado 5 de septiembre, informó hoy a Efe un portavoz del Gobierno.

El plazo para renovar la inscripción al programa migratorio acabó justo ayer, por lo que las cifras son provisionales debido al volumen de solicitudes recibidas en los últimos días, dijo a Efe un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), encargado de la gestión de DACA.

El 5 de septiembre, Trump anunció el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero dio al Congreso seis meses, hasta el 5 de marzo de 2018, para aclarar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos.

En total, el plan DACA, proclamado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, benefició a 800.000 jóvenes, una cifra que ha ido descendiendo y actualmente se sitúa en 690.000 “soñadores”, quienes aún tienen un permiso para trabajar temporalmente y no ser deportados, según datos de USCIS.

En esta ocasión, solo pudieron renovar su inscripción aquellos “soñadores” con un permiso que expiraba entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018.

Esos “soñadores” que acaban de renovar su inscripción a DACA estarán protegidos hasta 2019, aunque el Congreso no apruebe ningún tipo de ley migratoria.

A partir de ese momento, tendrán que salir del país o convertirse en inmigrantes indocumentados, pues DACA no otorga ningún estatus permanente y tiene un límite de dos años.

El balón está ahora en el tejado del Congreso, que se encuentra dividido en líneas partidistas, pues los demócratas quieren aprobar una ley que sirva solo para dar residencia a los “soñadores”, mientras que la mayoría de los republicanos condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad fronteriza.

Entre las propuestas legislativas que se están debatiendo en el Congreso figura el “Dream Act”, una ley que cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos y que podría beneficiar a 3,4 millones de personas, según cálculos del Instituto de Política Migratoria, un grupo progresista.

El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los “soñadores” en 2001 con el “Dream Act” y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que acabó bloqueada en el Congreso y habría beneficiado a buena parte de los once millones de indocumentados que viven en el país.