SAN JUAN, TEXAS.- Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes del Valle de Texas hicieron pública su satisfacción por la decisión de la Corte Federal que preside el juez Orlando García de bloquear temporalmente parte de los efectos de la controvertida ley SB4, que entraría en vigor este primero de septiembre, pero advirtieron que la lucha por derogarla continuará.

Teniendo como fondo una maqueta donde se representaba la SB4 atada para impedir su efecto, en la sede de la Unión del Pueblo Entero (LUPE), varios líderes coincidieron que para miles de migrantes residentes en Texas la decisión judicial les permitirá desplazarse con mayor seguridad, sin el temor de ser objeto de persecuciones por su aspecto físico (perfil racial).

“La SB4 no solamente es un peligro para quienes se encuentran indocumentados en este país y viven en Texas, sino para cualquier persona cuyo aspecto físico encuadre dentro del perfil latino”, expresó la directora de LUPE, Juanita Valdez Cox.

Asimismo Martha Sánchez, coordinadora de LUPE; Ramona Casas de la organización Araise y miembros de la comunidad migrante de los condados de Hidalgo y Starr, coincidieron que el bloqueo a la ley sólo significa que se está impidiendo temporalmente su efecto, pero que se tendrá que emitir un fallo por parte de la Corte Federal dentro de poco tiempo.

El área del Valle de Texas, que comprende más de 20 ciudades de Brownsville hasta Río Grande, al igual que el resto de la frontera de Texas con México, cuenta con un alto porcentaje de latinos, que oscila entre un 94 y un 97 por ciento, por lo que la preocupación entre los residentes de esta área por detenciones obedeciendo al perfil racial es explicable.

Manifestaciones similares a la llevada a cabo en San Juan se realizaron en las principales ciudades de Texas, donde la población migrante, documentada e indocumentada, representa un importante sector de la población.

Contenido de la decisión
Si bien estaba programado que la SB4 entrara en vigor el viernes 1 de septiembre de 2017, la organización Mexican American legal Defense and Education Fund (MALDEF) presentó una demanda representando al Condado de Bexar, las ciudades de San Antonio y El Paso, el concejal de San Antonio Rey Saldaña, y varias entidades más como La Unión del Pueblo Entero (LUPE), la Asociación de Chicanos en la Educación Superior de Texas (Texas Association of Chicanos in Higher Education) y el Proyecto Defensa Laboral (Workers Defense Project).

Como consecuencia de lo anterior la Corte Federal concedió una orden judicial que bloquea las cláusulas claves de SB4 mientras el caso pasa por las cortes.

Como resultado de esta decisión las ciudades y condados de Texas no podrán ordenar a sus policías que realicen funciones de oficiales de inmigración; tampoco se requiere que las cárceles locales mantengan a individuos basados solamente en una solicitud de ICE.

De igual forma funcionarios y empleados locales podrán criticar la SB4 y pedir cambios en la aplicación de la ley sin temor a ser castigados.

Aunque la policía local puede preguntar a un individuo sobre su estatus migratorio, éste no tiene que responder y la policía no puede arrestarlo por ser indocumentado y tampoco puede servir como oficial de inmigración.

La lucha continúa
En contraparte, el Procurador General de Texas, Ken Paxton, reiteró su compromiso de seguir luchando por la entrada en vigor de la ley.

“La ley SB4 fue aprobada por la Legislatura de Texas para establecer una política estatal de cooperación con las autoridades de inmigración federal en su cumplimiento de las leyes de inmigración de nuestra nación”, dijo Paxton. Agregó que “Texas tiene la autoridad soberana y la responsabilidad de proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y confío que la SB4 se mantendrá como constitucional y legal”.

Paxton pidió que las demandas contra la SB4 fueran consolidadas y transferidas de la Corte de Distrito del juez Orlando García en San Antonio, a Austin. “Fue allí donde los representantes del pueblo aprobaron la SB4”, dijo. “Austin es el lugar donde se llevan a cabo estos asuntos legales. Los demandantes no tienen razón para litigar este caso en San Antonio”.

La ley SB4 afirma el derecho y el deber de los organismos encargados del orden público en todo Texas de detener a individuos de conformidad con el programa federal de detención implementado por la agencia ICE (Immigration and Custom Enforcement) de los Estados Unidos. El programa aplica la ley de inmigración y busca evitar que delincuentes peligrosos sean liberados en las comunidades de Texas.