Después de meses de mucho esfuerzo por parte de los líderes de la ciudad, se logró lo impensable. El alcalde y los concejales de la ciudad anunciaron hoy un acuerdo sobre medidas para limitar la colaboración del personal municipal con agencias federales de inmigración.

Los beneficiados los más de 130,000 indocumentados que viven en Denver, Colorado.

“Esta propuesta (de una ordenanza sobre temas migratorios) está diseñada para reducir el temor en la comunidad inmigrante y para clarificar que Denver no participará en operaciones de cumplimiento de leyes migratorias”, dijo el alcalde Michael B. Hancock al presentar el acuerdo.

“Con estos próximos pasos, Denver enviará el claro mensaje de que toda persona, sin importar su situación migratoria, puede sentirse segura al interactuar con los empleados y con las fuerzas del orden municipales”, agregó.

La medida es necesaria, expresó el funcionario, debido a “las caóticas políticas inmigratorias que llegan desde Washington” y ante la necesidad de “fomentar el respeto, la confianza y la colaboración entre los miembros de la comunidad, los funcionarios públicos y las fuerzas del orden” para que Denver siga siendo “un lugar seguro y pujante.”

En febrero pasado, un día después de que Donald Trump asumiese la Presidencia, Hancock inició consultas sobre posibles medidas locales sobre inmigración.

El alcalde se inclinó por una orden ejecutiva, mientras que los concejales pedían una ordenanza que hubiera sido aprobada por ellos.

El mayor desacuerdo se centraba en la insistencia por parte de dos concejales, Paul López y Robin Kniech, en que Denver dejase de comunicarse con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), algo a lo que Hancock se oponía.

El acuerdo anunciado hoy establece que Denver seguirá comunicándose con ICE, pero sólo cuando lo exija la ley y en temas de justicia penal (no civil).

Además, habrá una ordenanza municipal al respecto, como lo pedían los concejales, pero el alcalde también firmará una orden ejecutiva para respaldarla.

Se anticipa que en las próxima dos semanas el proyecto de ley de López y Kniech será aprobado y entrará en vigor inmediatamente.

Específicamente, la ordenanza transformará en ley las actuales normas para que las fuerzas del orden de Denver no formen parte de acciones federales migratorias ni detengan a personas sin una orden judicial.

También creará un sistema de recolección de datos y de reportes sobre las tendencias federales de leyes inmigratorias y limitará el acceso de agentes federales de inmigración a los “espacios seguros” en las cárceles sin una orden judicial.

La orden ejecutiva autorizará la creación de un fondo de defensa legal (vigente hasta un día después que Trump deje de ser presidente), establecerá un grupo de trabajo compuesto de expertos en inmigración, protegerá a las víctimas de crímenes sin importar su situación inmigratoria y creará un sistema de ayuda para las familias afectadas por deportaciones.

“Esta es una muy buena noticia. No podemos reparar el enredo migratorio federal, pero estamos agradecidos que las autoridades locales están haciendo todo lo que está a su alcance”, declaró a Efe Rowena Alegría, asesora principal de la Agencia de Derechos Humanos de la Ciudad de Denver.