CHICAGO .- Chicago demandó hoy en una corte federal al Departamento de Justicia del país con el argumento de que retener los fondos destinados a la ciudad para equipar a sus policías pone a la población en riesgo y es una acto inconstitucional.

El alcalde Rahm Emanuel dijo que la ciudad no se dejará “sobornar” por el Departamento de Justicia y el fiscal general Jeff Sessions, quien ha amenazado a las ciudades santuario con negarles un fondo federal llamado Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, que está dirigido a combatir la violencia armada.

Chicago no va a aceptar sobornos a cambio de renunciar a sus valores, apuntó Emanuel. “Nosotros somos y vamos a seguir siendo una ciudad que da la bienvenida a los inmigrantes”, agregó.

El alcalde subrayó que los fondos que quieren retener, una cantidad de 3,2 millones de dólares, están destinados a comprar vehículos, pistolas taser, radios y equipo para las unidades de tácticas especiales de la policía.

El alcalde apuntó que si no se rechaza la retención de los fondos, se corre el riesgo de que el gobierno federal intente más adelante congelar otros fondos federales destinados a Chicago.

Como forma de presionar a las ciudades santuario del país, que son las que por decisión municipal no persiguen a las personas por su estatus migratorio, el Departamento de Justicia recientemente emitió nuevas reglas para la entrega de estos fondos Byrne.

Entre los reglamentos nuevos está que cada ciudad debe brindar un acceso sin límite a los agentes federales que buscan detener a los indocumentados. Esto incluye acceso a las comisarias policiales y que la policía misma se deje interrogar por los agentes.

Otro reglamento exige que cada ciudad, a través de su departamento de policía, deben dar un aviso con 48 horas de antelación de cualquier plan para liberar a un inmigrante ilegal.

Bajo la ordenanza “Ciudad Acogedora”, “Welcoming City” en inglés, la policía de Chicago no coopera ni avisa a los agentes federales del arresto de alguien a menos que exista una orden federal.

Aparte de Chicago hay otras ciudades santuario como Nueva York, Nueva Orleans, Las Vegas, Filadelfia y Milwaukee, las cuales protegen a sus inmigrantes de la misma forma.

EL alcalde de Chicago señaló hoy que aunque Chicago es la primera ciudad santuario en desafiar a la administración Trump con esta demanda, espera que no sea la última.

California es un estado santuario y ahí el procurador Javier Becerra ha prometido defender esa condición ante las embestidas de la administración republicana de Donald Trump, quien llegó a la Casa Blanca después de haber criminalizado a los indocumentados, en particular mexicanos, durante la campaña electoral.

Trump llamó a los inmigrantes “criminales, violadores y narcotraficantes”.

En Illinois hay una ley ya aprobada por el legislativo estatal, la llamada “Trust Act”, que convierte al estado en santuario, pero el gobernador republicano Bruce Rauner aún no la ha firmado.

Raúl Raymundo, el director ejecutivo de la organización Proyecto Resurrección en la ciudad, aplaudió la demanda interpuesta por el alcalde Emanuel y dijo a Efe que esto impulsara a otras ciudades santuario a defenderse.

“Quiero aplaudir al alcalde Emanuel, es inconcebible que el gobierno federal quiera retener los fondos para la seguridad pública de la ciudad,” destacó Raymundo.

“El trabajo de la Policía de Chicago es mantener buenas relaciones con toda la comunidad y encargarse de la seguridad pública, ellos no son agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, agregó.

Raymundo, que participó con el alcalde en una rueda de prensa para hablar a los medios de la demanda, criticó al procurador Sessions por su intento de intimidar y coaccionar a la ciudad de Chicago.

“Ellos (el Departamento de Justicia) quieren que Chicago cambie sus valores de recibir a cualquier persona sin importar su condición de inmigrante,” afirmó Raymundo.

Por otro lado, Efe tuvo hoy información de que los agentes de ICE en el área de Chicago están enviando a los inmigrantes detenidos y acusados de estar en el país ilegalmente a centros de detención en otros estados, como Kentucky, Wisconsin y Georgia, para prevenir que sus abogados y familiares puedan apelar sus deportaciones.

“Estamos viendo tácticas de ICE que nunca antes hemos visto,” dijo a Efe el abogado hispano Valdemar López.