WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a la Cámara de Representantes a que endurezca los castigos a las personas que reingresan al país de forma ilegal, así como a las ciudades santuario que se han negado a cooperar con los agentes federales del servicio de inmigración.

Para destacar las leyes antes de la votación del jueves, Trump se reunió el miércoles con los seres queridos de más de 10 víctimas de asesinatos a manos de personas que estaban viviendo ilegalmente en Estados Unidos. Entre ellos, está Jamiel Shaw, padre de un joven de 17 años que asesinado a balazos en California en 2008 por un hombre que vivía ilegalmente en el país.

Shaw fue un orador constante en los eventos de campaña de Trump, donde el ahora presidente frecuentemente habló en contra de la inmigración ilegal, lo que le consiguió muchos votos.

Trump está presionando para que se aprueben dos proyectos de ley. Uno de ellos fue bautizado como ‘Ley Kate’ e impondría penas de prisión mínimas obligatorias para aquellos que fueron deportados y reingresaron al país y condenas más duras a aquellos que fueron detenidos por crímenes no relacionados con la inmigración.

La ley fue nombrada así en memoria de Kathryn Steinle, una mujer de 32 años a quien un inmigrante que estaba ilegalmente en el país le disparó en la cabeza en California en 2015. Juan Francisco López Sánchez, quien se declaró inocente del crimen, fue liberado por oficiales a pesar de que agentes de inmigración pidieron que permaneciera en prisión.

La segunda propuesta de ley es para retirarle algunas subvenciones federales del Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional, incluyendo aplicación de la ley y el terrorismo, a los estados y ciudades que se rehúsen a cooperar con las autoridades en materia de inmigración.

Trump argumentó que las leyes podrían cerrar “peligrosos vacíos explotados por criminales, miembros de pandillas, traficantes de droga, asesinos y terroristas”, y dijo a los miembros de las familias que asistieron a la reunión que “perdieron a la gente que aman porque el gobierno se negó a endurecer las leyes de inmigración”.

Sin embargo, Lorella Praeli, directora de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, criticó las leyes diciendo que están “plagadas con violaciones constitucionales que pasan por alto los derechos civiles y humanos de los inmigrantes”.

A pesar de comentarios contrarios, dijo en un comunicado que, “ la ‘Ley Kate’ y la ley contra las ciudades santuario provocarán que nuestras comunidades sean menos seguras al socavar la confianza que la aplicación de la ley construye con sus comunidades tanto de ciudadanos como de inmigrantes”, agregó.