WASHINGTON.- Activistas de la comunidad inmigrante denunciaron este miércoles que, desde el inicio de la Administración Trump en enero pasado, al menos 805 solicitantes de asilo han sufrido detención prolongada y tampoco han tenido derecho a fianza, por lo que exigieron el cese “inmediato” de una práctica que viola el derecho internacional.

En una carta enviada al director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, 207 individuos y organizaciones cívicas exigieron “el cese inmediato de la detención arbitraria, prolongada, e indiscriminada de solicitantes de asilo”, al tachar la práctica como una “enorme injusticia”.

Según la carta, desde que el presidente Donald Trump asumió el poder el pasado 20 de enero, los grupos defensores de los inmigrantes han documentado 805 casos en 37 centros de detención de inmigrantes, en los que los solicitantes de asilo afrontan una arbitraria detención prolongada, o negación de fianza o libertad condicional.

En uno de los casos más graves,  ICE revocó, en un solo bloque y sin explicaciones “caso por caso”, la fianza que inicialmente había aprobado para un gran número de inmigrantes haitianos en el centro de detención Florence, en Arizona.

“La experiencia de activistas y abogados que trabajan en la frontera sugiere que los agentes de ICE están negando libertad condicional y fianza de forma regular, aún bajo las limitadas condiciones” delineadas por la agencia, indicó la carta.

Para los activistas, es inaceptable que ICE niegue la fianza a quienes han demostrado “miedo creíble” solo porque, según la agencia, éstos “no han demostrado urgentes razones humanitarias” o que el público se beneficie “significativamente” de su libertad condicional.

El resultado siempre es el mismo: la continua separación de las familias, el quebranto de sus comunidades, y un impacto “devastador” para quienes ya sufren traumas.

La orden ejecutiva que emitió Trump el pasado 25 de enero tiene grandes repercusiones para la protección de refugiados y solicitantes de asilo porque, entre otros elementos, ésta autorizó la ampliación de redadas y deportaciones, y restringió aún más los canales legales para que un inmigrante indocumentado pueda salir de la cárcel.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgó un memorándum, el pasado 20 de febrero, que dejó en claro que los solicitantes de asilo son elegibles para la libertad condicional.

Ese mismo mes, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aseguró durante una audiencia legislativa que el DHS estaba tomando medidas  “de inmediato” para asegurar que los agentes cumplen con los requisitos y derechos en casos de asilo y de libertad condicional.

Sobre el terreno, sin embargo,  la Administración Trump está siguiendo el patrón de detenciones prolongadas observado durante la presidencia de Barack Obama, con el agravante de que ahora los casos han aumentado, indicaron los activistas.

“Las tendencias actuales hacia la restricción de la libertad condicional y la fianza deben revertirse de inmediato si EE.UU. ha de cumplir con sus obligaciones morales y legales hacia los que más riesgo corren”, puntualizó la misiva.

La fianza normalmente sirve como una promesa de que, a cambio de evitar el encierro, el detenido cumplirá con todas sus citas judiciales mientras se ventila su caso, ya sea que el juez aprueba su petición de asilo, u ordena su deportación.

En la actualidad, la cantidad mínima para una fianza es de unos $1,500 dólares,  y los solicitantes suelen recuperar el monto una vez que se resuelve su caso.  Si el juez ordena la deportación, la persona que pagó la fianza recibe un reembolso solo si el detenido sale del país.

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