Las nuevas restricciones que limitan cómo los empleados de la ciudad de Los Ángeles pueden ayudar con la aplicación de inmigración no violan las reglas federales, dijo el fiscal de Los Ángeles Mike Feuer en un informe para legisladores de la ciudad esta semana.

La cuestión es especialmente crucial, ya que el presidente Donald Trump trata de remover fondos de las ciudades “santuarios” que se niegan a cooperar plenamente con los agentes de inmigración.

Los Ángeles se ha sumado a un escrito legal argumentando que la orden ejecutiva, ahora puesta en espera por un juez federal, es inconstitucional.

No hay una definición oficial de una ciudad santuario y Los Ángeles no se ha declarado oficialmente una.

Sin embargo, los líderes de Los Ángeles han tratado de limitar la asistencia de la ciudad a los agentes federales de inmigración.

A principios de este año, el alcalde Eric Garcetti emitió una directiva ejecutiva que prohíbe a los empleados de la ciudad reunir información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio a menos que sea legalmente requerido o obligado por las normas.

Feuer también emitió pautas a los departamentos de la ciudad esta semana diciendo que Los Ángeles no tiene que permitir a los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) entrar en las instalaciones de la ciudad que no están abiertas al público en general —como las áreas restringidas a los empleados de la ciudad- a menos que haya una orden o mandato judicial.

Sin embargo, los agentes federales de inmigración pueden acceder a las instalaciones de la ciudad que estén abiertas al público en general para interrogar a las personas o detenerlas, según las directrices. Si esto ocurre, los empleados de la ciudad no deben interferir, pero se espera que documenten lo que sucede y se lo hagan saber a sus supervisores.

Feuer sostiene que ninguna de esas reglas viola un código clave del gobierno federal –Sección 1373- que involucra la aplicación de la ley de inmigración. Bajo esta regla, los gobiernos locales no pueden impedir que sus empleados proporcionen a los agentes de inmigración información solicitada sobre la ciudadanía y el estatus migratorio.

Feuer dijo que aunque Garcetti impuso restricciones sobre cuándo los empleados pueden recopilar ese tipo de información, la directiva ejecutiva no les impide entregar cualquier información que la ciudad ya posea.

En su lugar, efectivamente “reduce el volumen de información que la ciudad podría tener para proporcionar a ICE”, escribió el abogado de la ciudad.

Más allá de las nuevas reglas y pautas, el departamento de policía de Los Ángeles (LAPD) tiene desde hace tiempo una política, la Orden Especial 40, que prohíbe a los oficiales iniciar contacto con una persona para preguntar sobre su estatus migratorio. Feuer escribió que un tribunal de apelaciones ya había determinado que la política no violaba el artículo 1373.

Nota completa en https://laopinion.com/2017/05/22/politicas-promigrantes-de-los-angeles-no-violan-la-ley-federal-asegura-fiscal/